Cómo el jefe de la policía mexicana se convirtió en millonario

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Published on: December 16, 2022

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Genaro García Luna, el antiguo Secretario de Seguridad Pública en México —y quien fuera un fuerte aliado del gobierno de Estados Unidos— se enfrenta a un juicio criminal en Nueva York y a una demanda civil en Miami. Ambos casos intentan demostrar que recibió sobornos mientras se desempeñaba como el oficial de más alto rango en el gobierno mexicano en temas de seguridad y estaba a cargo de la “guerra contra el narcotráfico”.

 

Para llegar a la parte industrial de Queens, desde Manhattan, tienes que tomar la autopista, pasar vecindarios alineados con casas idénticas, cruzar los rieles del tren y conducir más allá de almacenes y centros de distribución. Mientras la silueta de Nueva York se vuelve más distante, esto te hace recordar la cantidad de mercancía que hace falta para el área metropolitana y por qué este es uno de los mayores mercados de drogas en el mundo. Casi todas las compañías que distribuyen sus productos en Nueva York tienen una oficina, o un almacén, en las afueras de la ciudad. El narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y el Cártel de Sinaloa Cartel también tenían un centro de distribución.

Fue instituido a principios de 2002, mientras la ciudad sufría el trauma colectivo y recién comenzaba a intentar su sanación después de los ataques del 11 de septiembre. Aun así, “El Chapo” y el Cártel de Sinaloa inscribieron una empresa fachada cuyo objetivo oficial era transportar aceite de soja desde la frontera del sur hasta los vastos mercados del nordeste de Estados Unidos. En el juicio de “El Chapo” en 2018 quedó demostrado que la compañía servía como un vehículo para transportar drogas a los mercados de grandes ciudades estadounidenses, entre ellas Chicago y Nueva York.

El “centro de distribución” tenía una pinta similar al de cualquier otro que importara mercancía de Asia, Europa y América Latina. En realidad, este almacén posibilitó que “El Chapo” se convirtiera en uno de los líderes en la distribución de drogas en el nordeste de Estados Unidos y, con el tiempo, en uno de los más prominentes narcotraficantes en el mundo.

Ahora, Genaro García Luna, el antiguo oficial de alto rango del gobierno mexicano es acusado de ayudar a “El Chapo” a construir su imperio mediante el envío de drogas, entre 2001 y 2012, a varios lugares de Estados Unidos, entre los que se incluye su organización de fachada en Queens. Esto habría ocurrido durante el periodo en que García Luna estaba a cargo de los equivalentes mexicanos del Buró Federal de Investigaciones, la Administración de Control de Drogas, Agencia de Seguridad Nacional (FBI, DEA, NSA, respectivamente, por sus siglas en inglés) y el sistema de prisiones, mientras que era considerado un fuerte aliado de Estados Unidos.

Según la acusación criminal en Nueva York, García Luna ayudó al Cártel de Sinaloa a traficar a Estados Unidos más de 50 toneladas de cocaína entre 2002 y 2007. Se le acusa de ayudar a traficar cinco toneladas de cocaína en septiembre de 2008, 23 toneladas en octubre de 2007, 19 toneladas en marzo de 2007, dos toneladas en enero de 2003, dos más en agosto de 2002 y dos en mayo de 2002, a Nueva York y Chicago.

Una Recaptura Fallida

Tristemente célebre por escaparse de prisiones de alta seguridad, “El Chapo” se fugó por primera vez en 2001, cuando Estados Unidos buscaba activamente su extradición para que se enfrentara a juicio en California. En ese momento, no era conocido como un famoso narcotraficante. Se escapó de Puente Grande, una prisión mexicana ubicada cerca de Guadalajara. Después, ese mismo año, comenzó a enviar cocaína y marihuana a Chicago y la ciudad de Nueva York: escondía las drogas en barriles de aceite de soja y los transportaba por tren.

En esa época, García Luna estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de México, la por entonces equivalente del FBI. Ahora, los fiscales en Nueva York acusan a García Luna de ayudar a “El Chapo” a enviar cargamentos de cocaína al antedicho almacén en Queens, así como a otras organizaciones de fachada que el Cártel de Sinaloa había creado en Estados Unidos.

En enero de 2003, dos toneladas de cocaína fueron incautadas del almacén en Queens. Pero la sospecha contra el equipo de García Luna y su supuesta colaboración con  “El Chapo” ya había comenzado hacía un par de años.

“(Un testigo) nos dijo que habían sido alertados la gente de Guzmán Loera y su familia por una persona de la AFI que estaba ahí en la operación”, dijo el general Roberto Aguilera, el antiguo jefe de la inteligencia del ejército mexicano.

La redada era una meticulosa operación que había tomado meses de vigilancia por parte del ejército mexicano e investigadores federales. Después de que “El Chapo” se escapó de la prisión de Puente Grande en junio de 2001, el gobierno mexicano comenzó a seguir a su esposa e hijos, quienes vivían en un vecindario de clase adinerada de la ciudad de México.

Una noche, su esposa e hijos salieron de la casa y tomaron un autobús a Nayarit, un pequeño estado en el noroeste de México. Los seguían varios oficiales. Les tardó cuatro días localizar el camino por el cual el grupo de guardaespaldas había conducido en caravana a la familia.

“El área comandada por mí trabajaba en conjunto con un equipo de diez elementos de Genaro García Luna. Hacíamos hasta tres reuniones diarias y se compartía la información”, dijo Aguilera. “Se decidió realizar la operación porque había mucha presión de presidencia”.

El día en que las autoridades llevaron a cabo el plan, “El Chapo” y su familia ya se habían esfumado.

“En uno de los puntos que habíamos seleccionado como posibles lugar donde estuviera él con su familia efectivamente se comprobó, encontramos ropa, encontramos todo, muchas evidencias de que él había estado ahí y que horas antes se había escapado”, añadió el general.

Aguilera entonces lanzó una investigación que se enfocaba en el equipo de García Luna. Tres años después, un aliado cercano de García Luna fue acusado de recibir sobornos de parte del Cártel de Beltrán Leyva, que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

José Luis Santiago Vasconcelos, el jefe de la inteligencia en la oficina del fiscal general de México, llamó a García Luna y le dijo que su colega Domingo González estaba a punto de ser detenido y que lo mantuviera en su oficina hasta la llegada de la policía. Cuando los agentes llegaron, Aguilera dijo que González se había escabullido.

Aguilera y Santiago Vasconcelos comenzaron sendas investigaciones contra García Luna para averiguar si él o sus oficiales más cercanos habían recibido sobornos del Cártel de Sinaloa.

Poco después, otros generales del ejército mexicano advirtieron al presidente Felipe Calderón y a Juan Camilo Mouriño, su Secretario del Gobernación, acerca de una posible conexión entre García Luna y el Cártel de Sinaloa. A pesar de eso, en diciembre de 2006, Calderón designó a García Luna como secretario de Seguridad Pública, lo que lo convirtió en el civil de más alto rango a cargo de trabajar en cuestiones de seguridad en México.

“Creo que el factor más importante es cómo un hombre que llegó a detentar tanto poder y llegó a ser el segundo hombre de poder (en cuestiones de seguridad)”, dijo Santiago Nieto, el antiguo jefe de la unidad de inteligencia financiera del gobierno mexicano.

A pesar de tantas investigaciones contra García Luna, Calderón dijo recientemente en una entrevista: “Había versiones, pero ninguna tenía una fuente fidedigna o un testigo que fuera confiable, una fuente verificable. Mandabas a verificar y no pasaba. Y además en la vida diaria era acreditado por varias agencias, no solo todas las mexicanas sino la DEA, el FBI, el ICE”.

Poco después, el general Aguilera fue forzado al retiro. En 2008, Santiago Vasconcelos —quien había iniciado una investigación civil contra García Luna— y Mouriño —quien había sido advertido por varios generales acerca de García Luna— murieron cuando su avión se estrelló. El siniestro fue oficialmente declarado un accidente.

A finales de 2007, Gerardo Garay, otro antiguo oficial de alto rango bajo el mando de García Luna, incautó un gran cargamento de cocaína proveniente de Colombia. Fue arrestado unos meses después ante la acusación de conspirar con narcotraficantes.

“En ese tiempo (García Luna) era todavía muy discreto, no tan descarado como (fue) después” dijo Herrera Valles, por entonces un alto oficial de la policía federal mexicana.

Herrera Valles dijo que se reunió con oficiales de la embajada de Estados Unidos en México para hablar acerca de sus sospechas contra García Luna. Unas semanas más tarde, también fue arrestado y acusado de ayudar a los cárteles.

Luego de pasar cuatro años en la cárcel, Herrera Valles y Garay fueron exonerados y puestos en libertad en 2012, cuando García Luna dejó su cargo gubernamental. Futuro Investiga solicitó una entrevista con el abogado de García Luna en Nueva York. No respondió a nuestra invitación.

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Una Jubilación Dorada

Antes de dejar su cargo, en diciembre de 2012, García Luna se enfrentó a las críticas de la prensa mexicana y el congreso local. Varios legisladores le preguntaron en una audiencia pública acerca de su riqueza.

Compró su primera residencia en México tan sólo unos meses después de que llegara el primer cargamento de drogas a Nueva York. Después, compró otras propiedades de bienes raíces en México. Mientras trabajaba como Secretario de Seguridad Pública, ganó alrededor de 800 mil dólares en seis años. En ese mismo periodo, la prensa mexicana reportó que García Luna estaba comprando en México casas valoradas en millones de dólares. Ahora, los fiscales de Nueva York lo acusan de haber creado su riqueza al aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.

El día después de que dimitió de su cargo gubernamental, García Luna se mudó a Estados Unidos. Según las acusaciones criminales del gobierno mexicano, su fortuna fue adquirida a través de una combinación de dinero ilegal de los narcotraficantes y otros sobornos de empresarios que se beneficiaron de los fondos estadounidense enviados a México para combatir la “guerra contra el narcotráfico”.

“Comenzamos a investigar a García Luna después de un intercambio de información con una agencia de Estados Unidos”, dijo Nieto. “Esta agencia nos sugirió que observáramos a García Luna. Por eso es que ya habíamos concluido una investigación para el momento en que fue arrestado (en Texas, en diciembre de 2019)”.

La antigua oficina de Nieto era la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Primero presentaron una denuncia criminal en México. Acusaban a García Luna, a algunos de sus parientes, a varios empresarios y a corporaciones asociadas con ellos de lavar—en distintos países, sobre todo en Estados Unidos— casi 600 millones de dólares robados al gobierno mexicano.

Según la denuncia civil, los empresarios mexicanos Samuel y Alexis Weinberg —padre e hijo— se beneficiaron ilegalmente de contratos provenientes de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, le “prestaron” a García Luna más de 350 mil dólares para que obtuviera una visa de inversionista y abriera un restaurante en Miami, que pasó a ser administrado por Cristina Pereyra, la esposa de García Luna.

La demanda civil describe a varias compañías, propiedades de bienes raíces y conspiradores que supuestamente ayudaron a García Luna y a los Weinbergs a invertir el dinero “robado al gobierno mexicano”.

“Nunvav (una de las compañías) termina pagándole a García Luna el esquema de vida. Las tarjetas, los inmuebles en Miami”, dijo Nieto. “Se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, ante la Secretaría de la Función Pública y se congelaron las cuentas de seis personas físicas y cinco personas morales relacionadas con el caso García Luna. El departamento les entregó la información también a Estados Unidos”.

Otras fuentes en México que trabajaron para una compañía incluida en la denuncia criminal —y que hablaron en condición de anonimato— dijeron que una parte del equipamiento donado por el gobierno de Estados Unidos para evitar el tráfico de drogas fue usada en las oficinas privadas de los Weinbergs, y que sus empleados recibieron información confidencial del gobierno mexicano, para que la compartieran con clientes privados.

Tiempo después, una auditoría federal reveló que varios routers adquiridos por el gobierno mexicano a través de un contrato que firmó Samuel Weinberg nunca fueron instalados. Las fuentes dijeron que los Weinbergs tenían equipamiento similar en sus oficinas. En una entrevista para Univisión, Alexis Weinberg negó todos los delitos. Ni él ni su abogado jamás respondieron a una solicitud de entrevista de Futuro Investigates.

Cuando García Luna se mudó a la Florida, se asentó en una mansión de 3.3 millones de dólares. La casa no estaba a su nombre. También era propiedad de una compañía conectada a la familia Weinberg.

En la ciudad de Nueva York, los fiscales descubrieron que García Luna vivió en la casa durante cuatro años, pero solo pagó el alquiler los dos primeros meses.

“Creemos que ellos (García Luna, Samuel y Alexis Weinberg) eran socios”, dijo Nieto.

Cuando la casa de Miami fue vendida en 2016, el dinero fue transferido a la cuenta bancaria de García Luna.

Según la denuncia civil en Miami, los Weinbergs le enviaron pagos a García Luna por más de diez millones de dólares entre 2009 y 2018.

“El gobierno contrataba estas empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, después sacaban el dinero en efectivo y hacían traslado de valores. Los llevaban a varias partes. En el caso de Nunvav hay transferencias internacionales de Tel Aviv a Estonia, Panamá, Estados Unidos”, añadió Nieto. “Hay también un retiro de dinero en efectivo y eso podría también generar los pagos de corrupción política”.

García Luna se enfrentará a un juicio en Nueva York en enero de 2023. Hasta ahora, se ha declarado inocente. Aún no ha respondido a la demanda civil en Miami.

En Queens, el almacén que pertenecía a la compañía que operaba a instancias de “El Chapo” está clausurado. El sitio luce abandonado. Su única característica que se destaca es una bandera mexicana que cuelga cerca de una puerta tapiada.

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