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¿Quién es responsable de la seguridad de los trabajadores que reconstruyen las ciudades estadounidenses después de desastres naturales? La respuesta es complicada.

Este artículo es una colaboración entre Columbia Journalism Investigations y el Center for Public Integrity. Es copublicado en sociedad con Futuro Media. Traducido al español por Roxana Aguirre.

Los dolores de cabeza comenzaron durante las dos primeras semanas de demoler y pintar decenas de apartamentos infestados de moho. Luego vinieron los sangrados nasales. Jenny y sus 11 familiares juntaron de su propio dinero para comprar mascarillas protectoras de 30 dólares, botellas de Advil y otros medicamentos de venta libre para aliviar el malestar lo suficiente como para seguir trabajando.

Casi un año después del huracán Ida, los hombres que arrancaron las paredes mohosas dejadas por la inundación e instalaron nuevas placas de yeso, gabinetes y tinas antes de que las mujeres pintaran decenas de apartamentos de lujo en el complejo residencial conocido como Mayfair Apartment Homes, en el vecindario Aurora Gardens de Nueva Orleans. Se presentaban a trabajar cada mañana sin hacer caso a sus cuerpos adoloridos porque la familia necesitaba el dinero. Sus síntomas persistieron hasta que dejaron de trabajar en noviembre de 2022, cuando el contratista no autorizado que los reclutó desapareció sin pagar 53 mil dólares en salarios atrasados.

“Él nos dejó sin un peso”, dijo Jenny acerca de su primera temporada como trabajadora de restauración después de desastres. Ella y su familia llegaron a la industria a través de un mensaje de texto y más tarde encontraron este trabajo después de que Jenny notara los trabajos de construcción en Mayfair Homes. Dijo que allí le indicaron que llamara al contratista.

Jenny, vestida de negro, y su hermana Abigail, vestida de naranja, pintan un apartamento después de que los miembros de su familia arrancaron las paredes con moho. Jenny y otros 11 miembros de su familia trabajaron durante cuatro meses en los Mayfair Apartment Homes en Nueva Orleans.” (Cortesía de Jenny)

Columbia Journalism Investigations (CJI) y The Center for Public Integrity no están publicando los nombres completos de Jenny y otros trabajadores para protegerlos de posibles represalias.

Impulsada por el cambio climático, la industria de restauración de desastres ha crecido exponencialmente hasta convertirse en un negocio multimillonario de regulación laxa y  descrito como “el oeste salvaje”. Como resultado, trabajadores como Jenny y su familia, contratados para reconstruir ciudades estadounidenses después de catástrofes climáticas, a menudo no reciben equipo de protección ni capacitación necesaria para minimizar la exposición a toxinas como el moho, el asbesto y el plomo.

Una investigación realizada por CJI y Public Integrity descubrió que muchos trabajadores de restauración de desastres están expuestos a carcinógenos conocidos y diversas toxinas, a menudo sin saberlo y sin protección, lo que puede enfermarlos. Algunos padecen problemas de salud debilitantes mucho tiempo después de haber dejado los trabajos de limpieza.

La estructura de la industria permite que las empresas operen sin supervisión de autoridades locales, estatales o federales: las empresas más grandes reclutan una amplia red de contratistas y subcontratistas para encontrar trabajadores . A menudo, etiquetan a sus trabajadores como contratistas independientes, haciéndolos responsables de su propia seguridad y permitiendo que las grandes compañías evadan responsabilidades. Los trabajadores, especialmente los inmigrantes, también se vuelven vulnerables a abusos laborales, incluido el robo de salarios.

Mario Mendoza, trabajador de ayuda durante desastres desde el huracán Katrina y fundador de la organización Familias Unidas En Acción, con sede en Nueva Orleans, mencionó que muchos trabajadores son contratados por lo que él describe como un “casi patrón” o intermediario laboral. Otros son reclutados a través de grupos de WhatsApp, familiares y amigos, o en los estacionamientos de tiendas de mejoras para el hogar u otras zonas muy transitadas que se convierten en esquinas informales de trabajo, donde los trabajadores se congregan para ser contratados para una jornada laboral.

CJI y Public Integrity preguntaron a 100 trabajadores de restauración, de Florida y Luisiana principalmente, que compartieran sus experiencias laborales. La mayoría, un 77%, informó que trabajaba principalmente como jornaleros, empleados por diversos pequeños contratistas que los recogen en las esquinas de trabajo. Al menos ocho trabajadores informaron que tenían contratos más largos con empresas multimillonarias como Servpro, contratados a través de sus subcontratistas.

Ambas vías implican riesgos. Los trabajadores llegan a los lugares de trabajo sin capacitación o sin poder identificar al supervisor oficial. Como resultado, los trabajadores que se lesionan en el trabajo se ven obligados a pagar sus propios gastos médicos, según Mendoza .

Cualquier obrero de la construcción puede ingresar a esta pujante industria, porque no hay requisitos educativos para ingresar a la restauración después de desastres, dijo Robbie Bradshaw, director de relaciones gubernamentales del Instituto de Inspección, Limpieza y Certificación en Restauración. “En este momento, la industria prácticamente se ha hecho cargo de eso por sí misma”.

Norris Gearhart, quien dirige una compañía de restauración con sede en Texas y que diseñó capacitación en riesgos ambientales, dijo que esas empresas que no están dispuestas a buscar educación fomentan una industria donde “los requisitos básicos de capacitación en seguridad no  se hacen cumplir, no se aplican y son deficientes”.

“Si las grandes empresas no instituyen ni exigen normas, hay abusos en toda la cadena de subcontratación”, dijo Saket Soni, director ejecutivo de Resilience Force, un grupo activista con sede en Nueva Orleans. “Es muy difícil para los actores de alto nivel sobrevivir y tener éxito porque hay tantos actores de bajo nivel en la cadena de subcontratación que los superan recortando costos”.

Los trabajadores deben comprar su propio equipo de protección o prescindir de él hasta que puedan pagarlo. Casi tres cuartas partes de los trabajadores que respondieron al cuestionario de CJI y Public Integrity dijeron que sus empleadores no proporcionaban ningún equipo de protección.