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Agentes entrenados por la DEA en América Latina conspiraban con cárteles
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Durante décadas, la DEA ha apoyado unidades especiales en el extranjero, cuyos agentes son policías locales entrenados y avalados por Estados Unidos. Ahora, ex agentes y miembros de esas unidades —algunos de los cuales se enfrentan a juicios criminales— revelan que fueron sobornados por los cárteles mientras tenían acceso a información sensible del gobierno estadounidense.
A Keith McNichols lo atormentan investigaciones inconclusas, que él inició como agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Una vez que denunció la corrupción, se convirtió en blanco de acusaciones.
McNichols cree que el peor día de su vida fue cuando a su hija le diagnosticaron cáncer. El segundo, fue cuando acusó de conducta indebida y corrupción a sus ex compañeros de la DEA ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).
“El financiamiento para el control de drogas era básicamente un fondo de sobornos para la corrupción en la DEA”, dijo Tom Devine, abogado de McNichols. “Cuando una acusación de alguien amenaza a la organización, hay tácticas de represalias casi estandarizadas contra esa persona”.
Devine es el director legal de Government Accountability Project (GAP, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., dedicada a apoyar a ex agentes que denuncian malas prácticas en las agencias gubernamentales.
Al igual que McNichols, otros ex agentes han declarado que vieron a oficiales de la DEA y policías locales en América Latina recibir sobornos. Luego, los testigos fueron presionados para que guardaran silencio.
McNichols dijo que ha enfrentado consecuencias por sus denuncias.
“Todavía estoy en la lista negra. Estas personas [de la DEA] fueron capaces de encubrir [los delitos] y de mentir en capacidad oficial. Todavía hoy siguen sin que los llamen a rendir cuentas”, dijo McNichols.
Solo en los últimos tres años, Estados Unidos ha arrestado a más de 900 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Sin embargo, desde 1991, solo 14 agentes de la DEA han sido acusados por diferentes delitos —desde soborno y robo hasta tráfico de drogas—, según una base de datos compilada por Futuro Investigates.
Uno de esos 14 ex agentes de la DEA es José Irizarry. En diciembre de 2021, fue condenado a 12 años de prisión, luego de declararse culpable de conspirar para el lavado de $9 millones de un cártel colombiano.
“La guerra contra las drogas es un juego. Es un juego muy divertido que jugábamos”, dijo Irizarry a la agencia AP.
A Irizarry lo “enseñaron a ser corrupto”, dijo su abogada, María Domínguez, durante el juicio. “En este universo alternativo, era más fácil y menos sospechoso [dentro de la DEA] aceptar dinero regalos”.
Los escándalos no solo han revelado la corrupción de los agentes de la DEA.
La agencia opera en suelo estadounidense y en el extranjero, con más de cuatro mil agentes especiales y un presupuesto anual de más de tres mil 200 millones de dólares.
En 1997, también instituyó en más de 15 países el Programa Unidad de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés).
Estas unidades de élite de la policía avalan a los agentes locales y los entrenan en la academia de la DEA en Virginia. Después de la capacitación especial, el gobierno de Estados Unidos les da acceso a información confidencial.
Sin embargo, algunos de esos agentes ahora enfrentan acusaciones penales.
En 2021, Iván Reyes Arzate, ex jefe del Programa SIU de la DEA en México, fue condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
“Le resultó muy fácil comenzar a vender esa información por mucho dinero”, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.
El próximo 17 de enero, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México —a quien también la DEA investigó y le dio acceso a información confidencial— será juzgado en Nueva York. Está acusado de conspirar con el Cártel de Sinaloa y su ex líder, Joaquín “El Chapo” Guzmá, para contrabandear más de 50 toneladas de cocaína de México a Estados Unidos.
“Hay focos donde la corrupción está desenfrenada, como México o Haití. La DEA encubre toda esa corrupción en lugar de hacer que los responsables rindan cuentas”, dijo Devine, el abogado que representa a los ex agentes que han presentado las denuncias.
Una prueba irrefutable en Haití
McNichols comenzó a trabajar para la DEA en 1998. Después de recibir su entrenamiento en Quantico (Virginia), trabajó primero en Nueva Jersey. Luego, fue enviado al extranjero, y le asignaron un puesto en Jamaica. Fue el responsable de la incautación de 1,3 millones de dólares en efectivo, uno de los mayores decomisos de dinero en la isla. Gracias a esto, lo promovieron a un cargo en Haití.
Allí, inmediatamente le pareció cuestionable el proceder de la DEA. Dijo que los agentes presentaban gastos sin recibos para sumas de entre 25 mil y 30 mil dólares.
“En esa oficina había una cantidad significativa de pagos a informantes. Hablo de enormes cantidades de dólares para las que no había justificación, lo que era un poco sospechoso”, dijo.
McNichols informó sobre los pagos a sus superiores, según documentos obtenidos por Futuro Investigates. Aseguró que le pidieron que mirara hacia otro lado.
Luego, habló con la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR, por sus siglas en inglés), una sección del Departamento de Justicia creada después del escándalo del Watergate para investigar conducta inapropiada en la institución.
Después de una entrevista de cuatro horas, McNichols dijo que los funcionarios de la OPR le dijeron que estaba mintiendo, que enfrentaría cargos y que su trabajo estaba en peligro. La DEA abrió una investigación en su contra.
“No podía creerlo”, dijo. “Me presento y denuncio irregularidades, y las mismas personas en OPR le dan la vuelta, presentan un caso en mi contra y descartan todo lo que dije”.
La DEA negó a Futuro Investigates una solicitud de entrevista.
McNichols sabía que necesitaba apoyo y se puso en contacto con GAP, la organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a las personas que denuncian corrupción.
Después de las acusaciones, OPR ordenó una auditoría a la oficina de la DEA en Haití. McNichols aceptó ayudar a sus colegas con la inspección. Entonces, encontró lo que denomina “una prueba irrefutable”: dos archivadores metálicos con documentos y recibos. Los agentes hacían pagos en la oficina y, más tarde, sacaban el dinero.
McNichols notificó a sus superiores para que revisaran los documentos. Ellos creían, dijo él, que se trataba “definitivamente robo o mala conducta”, y le anunciaron que se pondrían en contacto con el jefe de la División de la DEA para el Caribe. McNichols creyó que estaba a punto de demostrar sus denuncias.
“En cambio, no sucedió nada de eso. Lo taparon”, dijo.
El caso Manzanares
Unos meses más tarde, en abril de 2015, un barco de bandera panameña llamado MV Manzanares atracó en Puerto Príncipe (Haití), para descargar lo que se suponía que eran sacos de azúcar. En cambio, de una bolsa rota cayeron a la bahía kilogramos de heroína y cocaína.
Antes de que llegara McNichols, las autoridades dijeron que los estibadores habían robado tantas drogas como les fue posible. En lugar de arrestarlos, hombres vestidos de uniforme de la guardia presidencial y de la policía metieron mil 100 kilogramos de droga en unos autos y se dieron a la fuga.
McNicols inició una investigación y un operativo de búsqueda de la droga desaparecida. Dijo que descubrió que a Joris Mergelus —el jefe de la unidad antidrogas de Haití —le habían pagado para que silenciara el caso.
“Lo reporté a mi gerencia y me dijeron: ‘No queremos ponerlas nerviosas [a las autoridades de Haití] y echar a perder la relación con ellas’”, agregó McNichols. “OPR estaba al tanto de lo que ocurría, y me hizo pasar un infierno a mí y a mi equipo legal; en esencia: intentaba desacreditarme y sacarme de la isla”.
Mergelus negó cualquier vínculo con narcotraficantes. En 2017, fue destituido de su cargo.
Un año después, la Oficina del Asesor Especial de la DEA solicitó al Fiscal General que investigara las denuncias de McNichols y de George Greco, otro ex agente. Los acusó de no haber hecho una investigación apropiada de lo que —supuestamente— era la única incautación importante de drogas en Puerto Príncipe en la última década.
En julio de 2021, la OSC reprendió a la oficina haitiana de la DEA por su manejo del caso Manzanares, por considerar que no se trataba de corrupción, sino de “mala gestión”.
Un oficial fue sentenciado. Ningún otro sospechoso se ha enfrentado a la justicia en conexión al caso Manzanares, según el Miami Herald.
En 2019, la DEA envió a McNichols a un trabajo administrativo en Colombia. En su primer día en el nuevo cargo, se encontró un silbato en un cajón de su escritorio. Dijo que lo presionaron para que dejara la agencia. Se retiró en 2020.
*María Hinojosa y Roxana Aguirre contribuyeron a esta investigación.
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