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Trabajo tóxico
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El calentamiento global está fomentando una próspera y poco regulada industria de restauración post desastres impulsada por mano de obra inmigrante. Sin protección, los trabajadores están expuestos a toxinas mortales que los enferman mucho tiempo después de las labores de limpieza.
Este artículo es una colaboración entre Columbia Journalism Investigations y el Center for Public Integrity. Es copublicado en sociedad con Futuro Investigates, una división de Futuro Media. Traducido por Roxana Aguirre.
De pie frente a una casa de dos pisos en la costa de Fort Myers Beach, estado de Florida, donde el huracán Ian desató un oleaje de más de dos metro dos semanas previas, Marcos observaba la estructura, destrozada sin posibilidad de reparación.
Portando una mascarilla de papel y guantes, el inmigrante nicaragüense de 54 años entró en la casa. Podía ver y oler el moho, oscuro y penetrante, floreciendo en las paredes. Marcos pasó el día arrancando la aislación húmeda, primero con martillos y luego con las manos. El polvo cubría su ropa y su piel.
Marcos, que ha sido trabajador de la construcción durante 25 años, no es ajeno al trabajo agotador. Pero después de que Ian devastara una franja de más de 75 kilómetros del sudoeste de Florida en septiembre de 2022, Marcos se encontró en un lugar de trabajo lleno de peligros ocultos. Sus ojos se hincharon; la piel le picaba. Al final del día, le costaba respirar, un malestar que se prolongaría.
“Todo estaba en descomposición”, dijo Marcos. El inmigrante describió cómo tenía que tirar su ropa todos los días en los que trabajaba en la limpieza posterior a Ian, después de pasar horas expuesto a toxinas. (Columbia Journalism Investigations y el Center for Public Integrity no publican los nombres completos de los trabajadores inmigrantes entrevistados para esta historia para proteger sus identidades).
A medida que el cambio climático acelera las catástrofes naturales, la industria de restauración post desastres se ha aprovechado de la mano de obra inmigrante barata. Estos trabajadores, que despejan escombros y levantan nuevas construcciones después de huracanes, inundaciones e incendios forestales, realizan las labores más arduas. Y esto tiene un costo para la salud de quienes están expuestos a toxinas dañinas como el moho, el asbesto y el plomo. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, por su sigla en inglés), la agencia federal creada para proteger a los trabajadores, ha hecho caso omiso a la investigación sobre medidas de seguridad en el lugar de trabajo contra exposiciones tóxicas a posteriores a desastres. OSHA ha establecido una política de respuesta de emergencia que antepone una reconstrucción rápida a la salud de los trabajadores.
Esta industria en auge depende principalmente de trabajadores inmigrantes indocumentados en edad laboral, procedentes de América Latina y el Caribe, que huyeron de la pobreza, la violencia y los desastres naturales en su país natal. Preocupados por sobrevivir, pueden convertirse en víctimas de abusos que se infligen rutinariamente a los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos, como el robo de salarios y el acoso. Pero estos trabajadores también enfrentan una amenaza pasada por alto: los contaminantes potencialmente mortales propagados por los desastres ocasionados por el cambio climático.
Muchos trabajadores de restauración post desastres están expuestos a carcinógenos y diversas toxinas, a menudo sin saberlo y sin protección, lo que puede enfermarlos, concluye una investigación de CJI y Public Integrity. Algunos sufren problemas de salud debilitantes mucho tiempo después de terminar sus trabajos de limpieza.
CJI y Public Integrity preguntaron a 100 trabajadores de restauración, principalmente en los estados de Florida y Luisiana, que compartieran sus experiencias laborales. Casi todos dijeron que retiraron paneles de yeso después de un desastre climático. La mayoría trabajó en al menos tres eventos en un periodo de siete años, desde el huracán Katrina en Luisiana (2005) hasta el huracán Harvey en Texas (2017) y el huracán Ian en Florida (2022), lo que prolongó sus exposiciones a tóxicos en múltiples lugares de trabajo. Muchos comenzaron a hacer este tipo de trabajo después de Katrina, el primero de los que serían varios ciclones tropicales que impactaron y ocasionaron daños de 13 mil millones de dólares a Nueva Orleans en los 18 años siguientes.
Más de dos tercios de los trabajadores dijeron que estuvieron expuestos al asbesto, el plomo y el moho mientras trabajaban; de ellos, todos a excepción de dos, dijeron que experimentaron síntomas de salud relacionados con estas toxinas, como irritaciones en la piel y los ojos, problemas respiratorios y dolores de cabeza. Algunos dijeron que desarrollaron enfermedades crónicas causadas por estos contaminantes, incluyendo cáncer de pulmón, asma y pérdida de la visión. Otros dijeron que no saben cuál será el impacto en su salud a largo plazo porque no tienen acceso a un médico.
Linda Birnbaum, quien dirigió el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental antes de jubilarse en 2019, califica las respuestas de los trabajadores como “deprimentes”. El número de trabajadores enfermos por las limpiezas posteriores a los desastres “solo empeorará a menos que se tomen medidas para reducir su exposición”, dijo.
Bajo presión por su respuesta después de Katrina, OSHA investigó las amenazas tóxicas que pueden poner en peligro a los trabajadores y sonó las alarmas en 2006 — solo para permanecer en silencio desde entonces. Hoy en día, la agencia suspende la aplicación de normas laborales cada vez que ocurre un desastre. Los inspectores ofrecen orientación, sin exigir mucha responsabilidad, a las empresas que violan regulaciones que limitarían tales riesgos.
Mientras tanto, los funcionarios de la agencia han intentado durante 16 años crear normas de salud y seguridad para los trabajadores en casos específicamente de desastre, desde la capacitación en riesgos hasta el monitoreo de la salud. La regulación propuesta, que se enfoca en los primeros en responder a una catástrofe, pasaría por alto a esta industria con una alta presencia de inmigrantes.
OSHA se negó a conceder una entrevista con el Secretario Adjunto, Douglas Parker, y en su lugar proporcionó una declaración por escrito enfatizando que “los empleadores tienen la responsabilidad de proteger a los trabajadores de peligros mortales como el moho, asbesto y plomo”. Señaló, además, que OSHA mantiene su derecho de hacer cumplir los estándares de salud y seguridad ocasionados por catástrofes. En última instancia, la agencia defendió su típico enfoque de suspender la aplicación de las normas.
“La asistencia en el cumplimiento permite a OSHA intervenir en cientos de lugares de trabajo que involucran a miles de trabajadores”, dijo la agencia. “Usando el mismo número de personal para hacer cumplir las normas, OSHA solo alcanzaría a una pequeña fracción de esos trabajadores”.
Meses después del huracán Ian, el tercer huracán más costoso registrado en Estados Unidos, que dejó daños por 112 mil millones de dólares, cientos de trabajadores inmigrantes, como Marcos, han acudido a las esquinas donde se reúnen jornaleros y sitios de limpieza en el condado de Lee, Florida. Contratados por intermediarios y contratistas, han retirado escombros y desmantelado edificios.
Estos obreros representan una red de empresas en expansión, desde pequeños negocios familiares hasta corporaciones multinacionales, que lucran de la devastación ocasionada por el cambio climático. Según datos federales, en los últimos tres años, el calentamiento global ha ocasionado 20 grandes huracanes, inundaciones e incendios forestales, cinco menos que en toda la década de los 90.
Pero mientras que empresas como Amazon y Starbucks enfrentan mayor escrutinio por sus prácticas laborales, la industria de restauración post desastres ha crecido hasta convertirse en un sistema poco regulado que muchos actores describen como “el salvaje oeste”, en gran medida fuera del radar público. Sus trabajadores permanecen invisibles incluso cuando la crisis climática los vuelve esenciales.
“El sistema no está diseñado para proteger a los trabajadores”, dijo Mario Mendoza, un trabajador de restauración post desastres desde Katrina y fundador del grupo comunitario con sede en Nueva Orleans, Familias Unidas en Acción. “No les interesas, les interesa reconstruir, les interesa ver bonita la ciudad, pero no les interesa las personas y mucho menos cuando se trata de personas de mi color”.
‘Nadie nos advirtió’
Nada preparó a Santos para el hedor —una mezcla de moho, comida podrida y cadáveres— que se impregnó en el vecindario Lower Ninth Ward de Nueva Orleans durante meses después de Katrina. Mientras limpiaba la cocina de una escuela primaria que ahora está demolida, el olor penetraba su traje de protección, su mascarilla y sus gafas. Lo seguía hasta el dormitorio donde dormía con cientos de otros trabajadores que reconstruían la ciudad. Por las noches, se preguntaba si el hodor podría infiltrarse en su cerebro.
Una semana después de llegar desde Dallas a la ciudad devastada por el huracán, Santos encontró trabajo en la escuela pública, donde se le asignó abrir refrigeradores de tamaño industrial para desechar comida en descomposición. El obrero de 43 años se enorgullecía de terminar sus turnos sin vomitar ni desmayarse, a diferencia de algunos compañeros de trabajo.
Al principio, Santos estaba contento de ganar 12 dólares por hora. Era 5 dólares más por hora de lo que ganaba en su trabajo anterior, y necesitaba el dinero para enviar a Honduras y mantener a sus cinco hijos. El también pescador lo había perdido todo después de que el huracán Mitch contaminara el río donde pescaba.
Sin embargo, su gratitud se convirtió en temor en cuestión de meses, cuando su tos sibilante persistió. Poco tiempo después, necesitó un inhalador por primera vez en su vida.
“No más pasa un huracán, uno está expuesto a todo eso”, dijo Santos, cuya tos a menudo lo interrumpe mientras habla. “Que tengan cuidado, porque a nosotros no nos advirtió nada nadie”.
Miles de trabajadores como Santos se dirigieron a un tramo de poco más de 110 kilómetros cerca de Nueva Orleans, donde se estima que 134,000 viviendas sufrieron daños. Fue el epicentro para OSHA, su primera y más grande respuesta a un desastre climático.
Dean Wingo, el comandante adjunto de incidentes de OSHA para el huracán Katrina en Luisiana y Texas, ayudó a liderar ese esfuerzo. Recuerda la implementación de la nueva política de respuesta de emergencia de la agencia, puesta en práctica por primera vez después de los ataques terroristas del 11 de septiembre: los inspectores de OSHA ofrecerían orientación a las empresas que violaban las regulaciones de salud y seguridad en lugar de multarlos.
Cuarenta inspectores patrullaron la zona en busca de peligros en los lugares de trabajo. El asbesto y el plomo conllevan reglas claras que los empleadores deben seguir para proteger la salud de los trabajadores. Para el moho, que no tiene un estándar legal, los inspectores instaron a los empleadores a distribuir mascarillas.
Wingo recuerda que su personal estaba abrumado por la vasta y caótica escena. Los inspectores no se daban abasto con todas las empresas que dependían de mano de obra inmigrante. Como resultado, dijo, los trabajadores inmigrantes “fueron explotados bastante”.
Seis meses después de que Santos comenzara a limpiar escombros, exponiéndose a lo que funcionarios públicos e investigadores llamaron un “gumbo tóxico”, notó que otros trabajadores también se enfermaban. Los recuerda haciendo fila para ducharse: “Y a esa hora escuchaba usted como que era una orquesta”, dijo, describiendo la tos y la sibilancia. “Parecía gallina o gallo, cuando el gallo canta mal”.
Kevin Stephens, en ese momento director de salud pública de Nueva Orleans, hizo que su departamento ayudara a analizar el aire y el suelo en busca de asbesto y plomo, entre otras toxinas. “Encontramos de todo en todas partes”, dijo Stephens, quien lanzó una campaña de concientización pública instando a las personas a usar mascarillas y guantes.
OSHA también hizo pruebas en los sitios de limpieza posteriores a Katrina y, en 2006, publicó una guía conocida como el Hurricane eMatrix, destinada a ayudar a las empresas a prevenir peligros posteriores a desastres. El eMatrix advierte que es probable que las estructuras estadounidenses construidas antes de la década de 1980 contengan asbesto y advierte de posible exposición al plomo a través de tuberías, pintura y polvo.
Se ha demostrado que incluso pequeñas dosis de asbesto pueden causar mesotelioma, un tipo de cáncer de pulmón. Las exposiciones crónicas al plomo pueden provocar problemas reproductivos, renales y convulsiones, mientras que el moho puede contribuir a enfermedades pulmonares y asma.
A medida que los obreros realizaban el difícil trabajo de demolición en Nueva Orleans, los riesgos para la salud derivados de tales exposiciones a tóxicos se hicieron evidentes. Los investigadores descubrieron que la limpieza causaba episodios de sinusitis y pulmones inflamados en los trabajadores, a lo que llamaron “tos de Katrina”. Una encuesta a más de 200 trabajadores encontró que la mitad informó la presencia de asbesto y moho en sus lugares de trabajo. Los trabajadores dijeron que sufrían afecciones respiratorias y dolores de cabeza, según el investigador principal, Ted Smukler.
Smukler testificó posteriormente sobre estos resultados en una audiencia del Congreso en 2007 sobre las actividades de OSHA después de Katrina. Tanto legisladores como activistas criticaron a OSHA por no proteger a los trabajadores inmigrantes. El mensaje fue claro: al suspender el cumplimiento de normas laborales, los funcionarios de la agencia habían permitido que los contratistas operaran como si estuvieran sin regulación, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores.
Ese año, OSHA comenzó su esfuerzo por regular las obras post desastres. Los expertos instaron a la agencia a proteger a los más vulnerables, los trabajadores inmigrantes que restauran las ciudades estadounidenses mucho después de que los primeros en prestar auxilio se han retirado. Hicieron un llamado a que se hiciesen pruebas de toxinas en los lugares de trabajo, se diese capacitación y equipo a los trabajadores, y se monitorease su salud.
“La audiencia fue un reconocimiento temprano de que una fuerza laboral masiva, compuesta en su mayoría por inmigrantes, era el núcleo de la reconstrucción”, dijo Saket Soni, de la organización de trabajadores de restauración, Resilience Force, quien testificó sobre los abusos laborales que había documentado en las obras de limpieza alrededor de Nueva Orleans. La audiencia lo dejó esperanzado de que OSHA crearía nuevas protecciones para los trabajadores de restauración post desastres, dijo.
El argumento a favor de tales protecciones siguió creciendo. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por su sigla en inglés), parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por su sigla en inglés), estudiaron los efectos de los peligros posteriores a desastres en los trabajadores en EE. UU. y encontraron “lagunas y deficiencias significativas” en las medidas de seguridad en los lugares de trabajo. Un informe de 2009 concluyó que el impacto adverso en la salud de los trabajadores latinos después de Katrina “probablemente se duplicaría en todo el país” sin una supervisión regulatoria rigurosa.
Para entonces, Santos estaba respondiendo a otro desastre climático. Limpió escombros de 10 huracanes en Luisiana y Texas durante 13 años, incluidos Sandy, Harvey, Laura, Ida e Ian. Con cada evento, dijo, su capacidad respiratoria empeoraba. En cada obra, dijo, experimentaba condiciones similares.
“Y más se preocupaban”, contó Santos. “Me decían mi pareja, y mis hermanos que yo no terminaba de decir una frase o una oración cuando ya estaba una tosecita que tenía ahí y todavía la tengo.”
Sin supervisión, una industria se dispara
Con trabajadores como Santos que recorren el país limpiando calamidades climáticas, la industria se ha disparado. Hoy en día, el grupo más grande del sector, la Restoration Industry Association, estima que 15,000 empresas conforman la industria de 150 mil millones de dólares. RIA dice que el contratista promedio factura 3 millones de dólares anuales, una cifra modesta en comparación con las de los gigantes del sector como Belfor y ServPro Industries, lo que sugiere que la mayoría del trabajo de restauración se lleva a cabo a pequeña escala.
Seis personas con acceso a información privilegiada de la industria, vinculados a empresas medianas, afirman que la explosión de este trabajo, junto con su creciente flujo de dinero público y privado, ha atraído a contratistas de construcción tradicionales que lo ven como un negocio a prueba de recesión. Algunas empresas, apodadas “cazadores de tormentas”, “charlatanas” y “vaqueras”, no están preparadas para realizar el trabajo, según las fuentes.
Cualquier empresa de construcción puede ingresar al negocio de la restauración post desastres, que no requiere certificaciones especiales.
Aunque OSHA pretendía que su Hurricane eMatrix fuera una herramienta para las compañías, sus datos muestran que pocas hacen uso de la información. OSHA estima que la guía en línea en inglés ha recibido miles de visitas únicas en un período de dos años, incluyendo de sus propios empleados. Solo una de las 30 empresas entrevistadas para esta historia dijo haber oído hablar de este recurso.
Las agencias reguladoras requieren que las empresas de construcción capaciten a los empleados en el manejo adecuado de materiales cargados de plomo y asbesto antes de entrar en contacto con ellos. Los empleadores deben proporcionar equipo de protección adecuado y monitorear la salud de los trabajadores.
Soni, de Resilience Force, dijo que a menudo ve cómo las empresas aumentan sus ganancias al eliminar medidas de salud y seguridad para los trabajadores. Mientras organiza a inmigrantes en el campo, él y su equipo han documentado empresas que omiten reuniones de seguridad y obligan a sus trabajadores a comprar su propio equipo de protección.
La mayoría de los inmigrantes encuestados por CJI y Public Integrity dijo que sus empleadores no les proporcionaban equipo de protección y nunca les ofrecían capacitación sobre toxinas.
Decenas de miles de inmigrantes han sido reclutados para trabajar en reconstrucción por empresas como estas, según Resilience Force. Se presentan en las esquinas donde se reúnen los jornaleros y se unen a grupos de WhatsApp. Algunos son atraídos por amigos y familiares.
A los 35 años, Joel se ha convertido en un veterano de la restauración. En los últimos cinco años, ha limpiado la destrucción dejada por 18 huracanes, inundaciones e incendios forestales en cuatro estados. Reclutado por amigos de su natal Venezuela , Joel dijo que no recibió capacitación hasta su tercer evento. La sesión de una hora no lo preparó para el asbesto, el plomo y el moho que encontraría, dijo. Fue la primera y última vez que un empleador le ofreció capacitación .
En 2018, cuando Joel se encontró con un material negro alquitranado en los escombros del huracán Florence, un trabajador mayor identificó el material venenoso como asbesto y le advirtió que podría afectar su salud. En 2021, Joel reconoció las baldosas negras de asbesto que sus compañeros de trabajo retiraban de una casa devastada por el incendio forestal Marshall, en Colorado.
“Inmediatamente le dije a todos: ‘Muchachos, no toquen eso, todo el mundo sálgase’”, dijo, explicando que nadie estaba capacitado en la eliminación del asbesto. Joel, que no llevaba equipo de protección, temía que quejarse le creara un problema. Decidió informar a su supervisor, un contratista de Servpro, quien lo amenazó con deportarlo por interrumpir el flujo de trabajo, según dijo.
Servpro Industries se negó a comentar al respecto, diciendo que como franquiciador “no proporciona, contrata ni subcontrata ningún servicio directo” y, por lo tanto, no es responsable.
“Somos como especie, como un reciclaje que sirve para seguir reconstruyendo las ciudades o los desastres. Pero que cuando ya no les sirves, pues sencillamente los desechan”, dijo Joel.
No aprendemos del pasado
Bajo la política de respuesta de emergencia de OSHA, se supone que los inspectores trabajan con los empleadores para abordar los peligros antes de que los trabajadores sufran efectos adversos. Según los funcionarios, esto es más rápido que amonestar a un empleador por violar las regulaciones, una acción que puede llevar meses resolver.
Pero eso supone que un inspector de la agencia pueda visitar el lugar de trabajo a tiempo para detectar infracciones. Un portavoz de OSHA dijo que la agencia generalmente despliega dos docenas de inspectores después de grandes huracanes, menos para tormentas pequeñas. Y solo cinco empresas dijeron a CJI y Public Integrity que habían interactuado con un inspector de OSHA en una obra de limpieza.
Un memorando interno de la agencia fechado en septiembre de 2014 reconoce que esta política de cumplimiento voluntario tiene problemas de personal y otras deficiencias, pero en última instancia la defiende. El documento presenta el cumplimiento como un proceso burocrático prolongado que podría frenar la reconstrucción.
“Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para asegurarnos de que la información llegue y de que se eleve la seguridad y la salud de los trabajadores”, dijo Young Wheeler, quien dirige la división de gestión de emergencias de OSHA.
Documentos obtenidos por CJI y Public Integrity a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés) muestran que las acciones que tomó OSHA tras desastres fueron, en el mejor de los casos, superficiales. Durante la respuesta de la agencia al huracán Ian, los inspectores a menudo informaron que pasaron solo 15 minutos en los sitios de trabajo. Según los informes de inspección, hablaron con los trabajadores principalmente mientras conducían, y tomaron nota de los peligros visibles, como la falta de arneses para techos por ejemplo, o el uso incorrecto de escaleras.
Los inspectores resaltaron que cuatro de cada 100 trabajadores que participaron en obras posteriores a Ian tenían algún tipo de respirador, como una mascarilla N95, según muestran los registros.
CJI y Public Integrity obtuvieron dos bases de datos internas creadas para rastrear las intervenciones de OSHA en compañías durante desastres climáticos. Los registros están incompletos: los datos no incluyen ninguna inundación ni incendio forestal, ni al menos cuatro huracanes importantes durante los cuales la agencia había llevado a cabo su política de asistencia de cumplimiento. En cambio, los datos catalogan las intervenciones de OSHA después de cinco huracanes desde 2017, desde Harvey hasta Ida e Ian. El registro esporádico de la agencia sugiere que los problemas laborales pueden pasar desapercibidos de una calamidad a la siguiente.
Tras el huracán Matthew en 2016, por ejemplo, Thompson Consulting Services, una empresa de monitoreo de escombros con sede en Florida, entró en el radar de OSHA. Los registros muestran que un trabajador en Lumberton, estado de Carolina del Norte, presentó quejas idénticas contra tres de los sitios de demolición de la empresa. Según las quejas, los empleados, temerosos de los escombros que caían, denunciaron que no se hacía cumplir el uso de equipo de protección. Sin botas con puntera de acero, algunos trabajadores llevaban tenis y botas Ugg. Las quejas pusieron a la empresa en el registro de la agencia por problemas relacionados con la salud, una de solo seis empresas de construcción en ser identificadas de esta manera después de 10 huracanes importantes en la última década.
Los inspectores de OSHA visitaron las tres obras, pero solo encontraron trabajadores en uno de ellos. Dos quejas se cerraron.
Thompson ha continuado contratando trabajadores para monitorear los escombros en sitios de limpieza posteriores a desastres. La empresa tiene más de una docena de contratos con municipios en cuatro estados, incluido un contrato de 10.4 millones de dólares para monitorear los escombros de Ian en el condado de Lee, según muestran los registros.
Los trabajadores han denunciado problemas similares con Thompson en Florida.
Michelle, una inmigrante venezolana de 48 años, trabajó para Thompson Consulting en las labores posteriores a Ian. Contratada en una feria de empleo en octubre de 2022, dijo que no sabía mucho sobre la empresa. Ian destruyó su casa rodante tres semanas antes, matando a su perro, “Chico”. Thompson le ofreció 15 dólares por hora para supervisar la eliminación de escombros desde el amanecer hasta el atardecer, más 2 dólares adicionales al día para gasolina. Comenzó casi de inmediato, sin recibir el mínimo de dos horas de capacitación requeridas para su puesto, según dijo, como se describe en el contrato de la empresa con el condado de Lee.
Durante semanas, Michelle supervisó un camión que transportaba escombros desde Saint James City, una isla frente a la costa sudoeste de Florida, hasta la estación de pesaje. Cada noche, antes de dormir dentro de su camioneta Toyota Sienna, tenía que quitarse el polvo que se había adherido a su cuerpo .
“Las vías respiratorias, como si yo tuviera fuego, estuviera respirando candela”, dijo Michelle. Dos semanas después, sus oídos se sintieron tan tapados que perdió temporalmente la audición. Un médico de la Cruz Roja le dijo que tenía una infección respiratoria y necesitaba antibióticos. Cuando notificó a su empleador, le dijeron que usara una mascarilla, dijo Michelle, pero la empresa se negó a proporcionarle una. Renunció poco después.
Thompson Consulting Services no respondió a múltiples llamadas telefónicas y correos electrónicos en busca de comentarios.
Los registros de OSHA muestran que los inspectores visitaron los lugares de trabajo de Thompson en el condado de Lee en siete ocasiones desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre de 2022. En la última visita, un inspector señaló que el supervisor de obra de la empresa y otro empleado rechazaron los folletos de seguridad de OSHA. El no fue “receptivo a la educación”, afirma el informe del inspector.
En su declaración por escrito, OSHA dijo que está ajustando su recopilación de datos sobre intervenciones posteriores a desastres para obtener “un ingreso de información más oportuno, consistente y preciso”.
Refiriéndose a la empresa, Michelle dijo: “Cuando me enfermé, no les importó”.
‘Queremos protegernos unos a otros’
Justo antes del amanecer en una nublada mañana de noviembre, seis semanas después de que el huracán Ian golpeara Fort Myers, trabajadores de restauración llenaron un estacionamiento en la frontera norte de la ciudad, esperando ser contratados . Marcos se había despertado a las 4:30 de la mañana ese día, había luchado contra sus síntomas y había venido aquí para unirse a docenas de inmigrantes. Muchos dormían en autos o tiendas de campaña detrás de una tienda de dólar. La mayoría vestía gorras, camisetas de manga larga, pantalones de mezclilla y tenis. Pocos podían permitirse mascarillas y guantes.
“Todos los hispanos, los que trabajamos duro, somos los que sentimos en carne propia. Todos hemos sufrido”, dijo Marcos, describiendo la tos, las ronchas y los ojos enrojecidos que experimentó después de demoler edificios afectados por el huracán.
Los datos de parcelas locales muestran que más de un tercio de las estructuras dañadas por Ian fueron construidas antes de la década de 1980, cuando el asbesto y el plomo eran comunes en los materiales de construcción.
Después de Ian, ningún organismo gubernamental mantiene un sistema para catalogar empresas que operan en el condado de Lee. Pero Sanibel Island, una comunidad acomodada de 6,800 residentes ubicada en un tramo de casi 26 kilómetros en la costa oeste del condado, ha llevado un registro: después de que las autoridades bloquearon la carretera que conecta Sanibel con el resto de Florida durante la recuperación, entregaron 2,284 “pases de huracán” a empresas de construcción provenientes de ese estado, Texas, Alabama y más allá. Solo 154 empresas eran locales.
Esa es una escala que el arquitecto de la política de respuesta a emergencias de OSHA nunca imaginó. Como secretario asistente de OSHA durante la limpieza del 11 de septiembre, John Henshaw, ahora miembro del concejo municipal de Sanibel Island, acordó suspender las acciones de cumplimiento de la agencia para los cuatro contratistas que trabajaban en la pila de escombros, un acto que dio origen a la política vigente. Él ayudó a formalizar el enfoque de cumplimiento voluntario para futuros desastres en 2003, como parte del plan de respuesta de emergencia de la agencia.
Desde su oficina en Sanibel en marzo pasado, cuando todavía se despejaban los escombros en las parcelas adyacentes, Henshaw, de 75 años, dijo que ahora cree que es inviable que los inspectores de OSHA supervisen a tantas empresas que trabajan en la reconstrucción de comunidades devastadas.
“Para un desastre natural, la única forma en que creo que puede funcionar es que haya cierto grado de exigencia de cumplimiento”, dijo Henshaw, rodeado de recuerdos del 11 de septiembre, incluyendo el casco de seguridad que usó el expresidente George W. Bush. Pero eso significa que los inspectores de OSHA tendrían que vigilar constantemente las obras de limpieza, dijo. “Simplemente no tienen los recursos para hacerlo”.
En su declaración, OSHA reconoció que tiene personal y recursos limitados y agregó: “Hacemos todo lo posible para proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores durante las operaciones de respuesta y recuperación de emergencias”.
Los defensores de los trabajadores han intentado llenar este vacío. En las últimas dos décadas, los grupos de trabajadores han recibido alrededor de 3.1 millones de dólares en fondos de OSHA para proporcionar capacitación en seguridad y salud para los trabajadores de restauración inmigrantes.
En diciembre pasado, después de Ian, uno de los beneficiarios, la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por su sigla en inglés), trabajó con inspectores de OSHA en campañas en español. El personal de NDLON dice que donaron equipos a aproximadamente 200 trabajadores de habla hispana en obras de limpieza a lo largo del condado de Lee.
Los miembros de Resilience Force, la organización de derechos de los trabajadores de restauración, se han congregado en las esquinas frecuentadas por los jornaleros del condado casi todos los meses desde Ian, inscribiendo a los trabajadores en las sesiones de capacitación en seguridad y salud de OSHA y conectándolos con otros servicios.
A unos 1,240 kilómetros al oeste, en Nueva Orleans, la organización Familias Unidas en Acción realiza un trabajo de defensa similar. El año pasado, en una soleada mañana de primavera, uno de los trabajadores de salud comunitaria del grupo repartía máscaras aprobadas por NIOSH y folletos sobre toxinas a los jornaleros que esperaban en el estacionamiento de un Lowe’s.
“¿Cuántas veces ellos han estado expuestos a hongos, a asbesto y cuántas veces los contratistas les han dado la protección”, preguntó la trabajadora de salud comunitaria voluntaria Miriam Romero. “Es tiempo de no quedarnos callados”.
Pero el alcance de los activistas tiene límites a medida que los trabajadores son llamados a responder a huracanes, inundaciones e incendios forestales más frecuentes e intensos en todo el país. Para muchos, las soluciones ya se han retrasado demasiado.
Cuando OSHA comenzó a redactar su propuesta de regulación sobre respuestas a desastres en 2007, Joseph “Chip” Hughes Jr. fue uno de los que instó a la agencia a incluir a los trabajadores de restauración inmigrantes. Hughes, quien dirigió el programa de capacitación de trabajadores para los Institutos Nacionales de Salud durante tres décadas, esperaba que la regulación eliminara el enfoque de cumplimiento voluntario de OSHA en eventos climáticos y aplicara protecciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo en todas las obras de limpieza.
Hoy en día, la regulación todavía está pendiente. Según lo propuesto, se centraría en los primeros en brindar auxilio, no en los trabajadores inmigrantes.
“Tuvimos este sueño de que las personas estarían preparadas para el próximo desastre climático”, dijo Hughes. “Pero no creo que esa sea la naturaleza de respuesta de emergencia estándar de OSHA”.
Bill Hamilton, quien supervisa el proceso de elaboración de reglas en OSHA, dijo que aunque la nueva normativa no incluiría a los trabajadores de restauración, OSHA resaltó su compromiso con la equidad en su declaración: “Estamos incorporando la equidad en todo lo que hacemos, incluso en el trabajo de respuesta a emergencias”.
Algunos legisladores están buscando soluciones fuera de la agencia. La congresista Pramila Jayapal, una representante demócrata del estado de Washington, ha propuesto legislación federal que crearía un estatus migratorio temporal para estos trabajadores. Los trabajadores inmigrantes recibirían capacitación sobre toxinas, entre otros beneficios. La oficina de Jayapal describe el proyecto de ley como “un estándar de oro” para crear una fuerza laboral de restauración climática equitativa.
Pero por ahora, los desastres climáticos continúan alimentando el crecimiento de la industria de restauración y su cada vez mayor población de trabajadores enfermos. Muchos, como Santos, temen que sus síntomas a corto plazo se convertirán en enfermedades más graves.
Todavía siente el impacto de sus 17 años en la industria. Antes una fuerza dominante en el campo de fútbol, Santos, ahora con 60 años, padece de asma y sufre al jugar con su hijo de 13 años por más de cinco minutos. Su ritual nocturno incluye aplicar VapoRub bajo su nariz para calmar la tos. Recientemente, perdió la vista temporalmente después de que el polvo de una demolición relacionada con un huracán nublara su visión.
Santos y otros trabajadores con años de experiencia se ven a sí mismos como los veteranos de esta fuerza laboral, obligados a transmitir sus conocimientos y entrenar a los recién llegados.
“Que tengan cuidado, porque a nosotros no nos advirtió nada nadie”, dijo Santos. “La vida solo es una y ya no hay vuelta atrás”.
Foto de portada: AP Photo/Jay Reeves
José Luis Castillo de LaEsquinaTX.com una plataforma digital en español de Houston, colaboró con este reportaje.
Janelle Retka, Samantha McCabe y Jiahui Huang reportearon esta historia como becarias de Columbia Journalism Investigations, la división de investigación periodística del Posgrado en Periodismo de la Universidad de Columbia. María Inés Zamudio es una reportera investigativa del Center for Public Integrity con sede en Chicago. CJI y Public Integrity proporcionaron reportería, edición, verificación de datos y hechos y otros tipos de apoyo.