Intro

Este reportaje se ha llevado a cabo con la colaboración del McGraw Center for Business Journalism y de la Craig Newmark Graduate School of Journalism de la Universidad de la Ciudad de New York. Fue publicado originalmente en inglés por Prism. 

Han pasado muchos años, y a Diego todavía le cuesta encontrar palabras para describir el campamento que iba a ser su hogar durante la primavera del año 2018.

“¿Es aquí donde vamos a vivir?” recuerda Diego que pensó. “Todo está asqueroso”. 

Su primer impulso fue tomar fotos con su celular. Fotografió el “baño” que solo tenía dos inodoros funcionando para docenas de hombres, y no tenía puertas. Una “ducha” que solo era un balde en un espacio cerrado y un grifo que soltaba agua fría. No había camas suficientes para todos los hombres. Podría considerarse que los que se apropiaron de un colchón fueron los más desafortunados, porque los colchones estaban amarillentos, manchados y llenos de chinches. También había serpientes en la casa, hasta en la cocina, donde el único aparato que funcionaba en todo el destartalado lugar era un refrigerador que parecía no haber sufrido nunca una limpieza.

No había comida ni sitio alguno donde Diego y su mejor amigo Mario pudieran recostarse después del agotador viaje en autobús desde México, que había tomado varios días más de lo planeado y que había acabado con el poco dinero que traían. El campamento era el segundo golpe que recibían desde su llegada a este lugar llamado Carolina del Norte. El primero lo habían recibido unas horas antes. 

Los trabajadores H-2A suelen tener contratos confusos, en los cuales son empleados al mismo tiempo por un contratista y un productor agrícola o una granja. Eso es lo que pasó con Diego y Mario, pero su jefe principal era un joven contratista mexicano-estadounidense. Poco después de que llegaran, el contratista organizó una reunión fuera del campamento, donde reunió a los cientos de trabajadores mexicanos que había traído a Estados Unidos esa primavera como parte del programa de Trabajadores Agrícolas Temporales H-2A, un programa de visas de visita que permite a empleadores estadounidenses traer trabajadores extranjeros para llevar a cabo trabajos agrícola de temporada. ¿Cuál era el propósito de esta reunión inesperada? Amenazar a los trabajadores con denunciarlos a las autoridades de inmigración en caso de que abandonaran su trabajo en la recolección de arándanos. El contratista también les hizo firmar planillas en inglés, donde les prometía (falsamente) que les iba a reembolsar los gastos de viaje y de la visa.

Como muchos trabajadores migrantes, Diego y Mario se habían pasado la vida escuchando que Estados Unidos era un lugar donde —si te esforzabas— podías ganar buen dinero, lo suficiente para poner cómoda a tu familia y construir una buena casa en México. Incluso, abrir tu propio negocio. Pero al poco tiempo de llegar a Estados Unidos como trabajadores H-2A, Diego y Mario se encontraban muertos de hambre, asustados y planeando su fuga del trabajo en el que habían depositado el futuro de sus familias. En parte, es por eso que usan seudónimos. No solo son inmigrantes víctimas de tráfico humano, sino que obtener justicia ha resultado peligroso. El hombre que los reclutó para el programa H-2A en el sur de México ha amenazado a la mujer de Mario. 

En México, sufrieron muchas adversidades, casi todas debido a la pobreza, pero fue en el país de la abundancia donde Diego y Mario sintieron las punzadas del hambre por primera vez. 

Históricamente, los medios de comunicación estadounidenses, las organizaciones de defensa de los inmigrantes y los sindicatos de granjeros han calificado el programa H-2A como “mutuamente beneficioso”. El programa ofrece una solución a la escasez de mano de obra agrícola que sufren los empleadores estadounidenses y, a cambio, permite a los trabajadores extranjeros trabajar legalmente en Estados Unidos, ganando sueldos impensables en sus países de origen. 

Pero hay otra historia esencial que contar acerca de los hondos problemas que aquejan al programa H-2A —problemas que se originan en las leyes históricamente racistas bajo las cuales se formó, la historia conflictuada que influyó en él, la manera en que los empleadores se sienten facultados para tratar a los migrantes como objetos desechables, y las décadas de esfuerzos fallidos del gobierno federal para proteger a estos trabajadores que constituyen el 10% de la fuerza laboral agrícola.

Incluso el único beneficio real que el programa promete a los trabajadores H-2A —dinero— no está garantizado. En el otoño de 2021, Prism, Futuro Investigates y Latino USA obtuvieron registros del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) que mostraban que existían $7.2 millones en sueldos sin pagar a miles de trabajadores H-2A que habían sido víctimas de robo de salarios en la década anterior, y a los que nunca les habían devuelto ese dinero. El dinero había sido enviado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los funcionarios del DOL defienden esta manera de actuar, diciendo que es difícil localizar a muchos trabajadores migrantes transitorios. Pero, casi al finalizar este reportaje, Estados Unidos y México anunciaron un nuevo esfuerzo conjunto para localizar y compensar a los trabajadores H-2A mexicanos, que comprenden el grueso de la fuerza laboral H-2A y a los que pertenecen la mayoría de esos salarios. Esta es pues la historia de por qué el abuso y la explotación están enraizados en el programa H-2A, y cómo los trabajadores migrantes que acuden a vías legales para que les sean devueltos millones de dólares en salarios robados, ven que el dinero que tanto les costó ganar termina en los bolsillos del gobierno de Estados Unidos. 

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Una fuerza laboral semiclandestina, semioculta

Antes de llegar a Estados Unidos, Mario y Diego estaban familiarizados con el trabajo agrícola, que fluctúa con las estaciones, ya que habían crecido en familias que cosechaban maíz, café y otros cultivos. Su región era conocida por sus lluvias torrenciales, pero la primavera en el sur de México era soleada y maravillosa.  

En Estados Unidos, es en esta época en la que llegan los trabajadores, una fuerza laboral semioculta, conformada en su mayoría por hombres mexicanos. En México existen familias que, durante generaciones, han obtenido visas de trabajo por el programa H-2A. Cada temporada, se despiden de sus familias y toman un autobús a Estados Unidos, donde pasan meses cosechando arándanos, boniatos, sandías o manzanas, que se venden en mercados como Trader Joe’s, Walmart y Kroger. 

Trabajadores de granjas en Guanajuato clasifican vegetables. Crédito de la foto: Fernanda Echavarri / Futuro Media.

Cada primavera, cuando guardamos la ropa de invierno, estos trabajadores se ponen mangas largas y bandanas para protegerse del sol y de los fuertes pesticidas. Se trata solo de otra realidad del brutal trabajo agrícola que los mantiene en movimiento constante desde la salida hasta la puesta del sol, al menos seis días a la semana. Para los consumidores estadounidenses, se traduce en una vergonzosa abundancia: naranjas en el otoño y un botín de fresas perfecto disponible todo el año. Para los trabajadores H-2A, es un acuerdo asimétrico que suele empezar con una deuda considerable y terminar con cuerpos agotados y quebrantados. Unos cuantos desafortunados como Diego y Mario abandonan los campos y granjas estadounidenses con los bolsillos aún más vacíos que al llegar.

En su encarnación actual, lanzada en 1986, el programa H-2A ha operado de manera atípica dentro del sistema de inmigración de Estados Unidos. A diferencia de otras categorías de visa, por ejemplo, no hay límite en el número de visas H-2A que el DOL certifica. El número de trabajos que el DOL les permite ejercer a los trabajadores H-2A se incrementó de 75,000 en 2010 a 372,000 en 2022. Las visas para estos trabajadores invitados se emiten enseguida, sin los obstáculos y los atrasos que aquejan a otros tipos de visas, sobre todo, a las solicitudes desde México.

En términos sencillos, el programa H-2A gira en torno a la oferta y la demanda. La demanda de trabajadores extranjeros por parte de los empleadores estadounidenses es muy alta, pero esa necesidad insaciable no desplaza el poder a las manos de los trabajadores. Al contrario. A pesar de que los empleadores se quejan de que el programa H-2A es demasiado “caro” y “burocráticamente complejo” el Instituto de Política Económica (EPI, por sus siglas en inglés) reporta que los empleadores estadounidenses prefieren utilizar el programa H-2A que contratar trabajadores estadounidenses, porque perciben a los trabajadores extranjeros como “explotables”. El programa H-2A ha crecido durante la última década, pero ese crecimiento no se ha traducido en más recursos para el DOL, la principal agencia responsable de supervisar el programa. Según EPI, por desgracia, la inadecuada supervisión del gobierno es causa de que personas que violan gravemente y con frecuencia las regulaciones H-2A puedan continuar contratando trabajadores visitantes con impunidad. 

A grandes rasgos, el proceso H-2A requiere que los empleadores estadounidenses que quieran  darles trabajo a trabajadores extranjeros inicien un proceso de certificación laboral con el DOL al menos 60 días antes de la fecha de comienzo del trabajo, que consiste en someter pedidos de trabajo a las Agencias de Fuerza Laboral Estatales (SWAs, por sus siglas en inglés). Estas entidades estatales informan de las oportunidades de trabajo a los desempleados estadounidenses, porque el programa H-2A exige que los empleadores demuestren que primero trataron de contratar a estadounidenses. Si aplican muy pocos trabajadores estadounidenses, el DOL aprobará que el empleador contrate trabajadores H-2A para el resto de los empleos. Entonces, los empleadores le pedirán a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que admita trabajadores extranjeros. Por lo general, los empleadores pueden solicitar trabajadores de 86 países, aunque 90% son de México. Cuando USCIS aprueba la petición, entonces los trabajadores solicitan la visa.

Esos son los pasos oficiales, pero también está la fase de reclutamiento. Los empleadores estadounidenses pueden contratar a reclutadores de mano de obra legítimos o contratistas para que les consigan trabajadores extranjeros para los puestos de trabajo H-2A que tienen disponibles. Pero en el caso de Diego y Mario —y en el caso de muchos trabajadores H-2A— el reclutamiento incluye una tarifa ilegal como parte de un “proceso informal, complejo y no uniforme” según un informe de 2013 sobre el reclutamiento, emitido por el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), una organización binacional que apoya a los trabajadores migrantes con base en México. 

No hay forma de expresar lo comunes y ruinosas que son las tarifas de reclutamiento para los potenciales trabajadores H-2A. Según John Sarraf, gerente de prevención de fraude del Consulado General de Estados Unidos en Monterrey, México, donde se procesan la mayor cantidad de visas H2-A en el mundo, el costo típico de una tarifa de reclutamiento ilegal para un trabajo que sí existe en Estados Unidos es de alrededor de $2,000, que es casi lo que algunos trabajadores mexicanos ganan al año. En casos de puro fraude, donde los reclutadores han enviado a los trabajadores al consulado a buscar visas H-2A para trabajos que en realidad no existen, a los ilusionados trabajadores les han robado hasta $8,000.  

Las tarifas de reclutamiento son ilegales según las regulaciones H-2A, aunque son muy comunes en el programa. Los datos recogidos por las organizaciones de defensa de los trabajadores sugieren que las tarifas de reclutamiento ilegales están subiendo, sobrepasando con creces los $2,000 que cita Sarraf. Según el informe “Tiempo de Reforma” del año 2020 elaborado por el CDM, 26% de los 100 trabajadores H-2A del grupo entrevistado dijo que había pagado tarifas de reclutamiento ilegales de hasta $4,500. En otro informe del CDM de 2013, 58% de los trabajadores H-2A entrevistados dijeron haber pagado una tarifa de reclutamiento ilegal. 

A pesar de que los reclutadores de mano de obra están vinculados a la mayoría del fraude en torno a las visas H-2A, el gobierno de Estados Unidos les ha permitido jugar un papel desmesurado en el programa, ya que les ha otorgado un poder insólito para decidir quién obtiene la visa H-2A. Los reclutadores constituyen un problema tan grande que incluso los funcionarios del gobierno que supervisan el programa H-2A los señalan como “el problema”. Mike Rios, un coordinador regional de cumplimiento de las normas agrícolas que trabaja con el DOL supervisando la región sureste, donde están empleados cerca del 30% de los trabajadores H-2A de la nación, dice que muchos reclutadores se comportan sencillamente como “traficantes”.

“Por desgracia, los reclutadores se aprovechan de los más necesitados, los desesperados, los que te darían todo lo que poseen… a cambio de la oportunidad de trabajar en Estados Unidos”, dijo Rios, y mencionó que ha habido trabajadores que han llegado a darles a los reclutadores las hipotecas de sus casas.

Durante el confinamiento causado por el COVID-19, cuando los trabajadores agrícolas eran considerados “trabajadores esenciales”, los ya inadecuados mecanismos para monitorear el programa H-2A empeoraron aún más, en dependencia de a quién le preguntes. Según Sarraf, no hubo “cambios sísmicos en el panorama del fraude durante la pandemia” y el COVID en realidad ayudó al Departamento de Estado a “buscar nuevas formas, más modernas y creativas” de prevenir el fraude en la fase de reclutamiento del proceso H-2A. Evy Peña, la directora de campañas del CDM, le dijo a Prism, Futuro Investigates y Latino USA que el fraude en línea y las estafas relacionadas con el reclutamiento empeoraron muchísimo durante la pandemia. También se ha vuelto más difícil para organizaciones como la de ella informarles a los trabajadores de sus derechos. 

Previamente, el CDM llevaba a cabo entrenamientos “conoce tus derechos” para los trabajadores en la plaza que está afuera de las oficinas consulares de Monterrey. Ahora que el consulado no exige uniformemente a los trabajadores que acudan al consulado para entrevistas en persona o para tomarles fotos y huellas digitales, los trabajadores se han vuelto infinitamente más vulnerables al abuso.

Las hileras de arbustos de arándanos en una granja de Michigan. Crédito de la foto: JackK/Shutterstock.

“Los funcionarios consulares les preguntaban si habían pagado tarifas o habían sido víctimas de alguna otra práctica abusiva de reclutamiento”, dijo Peña. “Esto quiere decir que hay cientos de miles de trabajadores que viajan a Estados Unidos, muchos de ellos por primera vez, que no conocen sus derechos”.

Sarraf dijo que su oficina sigue llevando a cabo entrevistas en persona que se basan en “determinados criterios” pero rehusó especificar cuáles eran estos criterios o el porcentaje de trabajadores H-2A que hablaban con un funcionario consular. Según Peña y el CDM, en la actualidad, menos del 10% de los trabajadores H-2A se entrevistan en persona. 

A pesar de estos problemas estructurales, es de destacar que existe un abrumador apoyo bipartidista al programa H-2A. Existen varios motivos. Tal vez el más importante: los trabajadores migrantes en el programa no se quedan permanentemente en Estados Unidos y, por tanto, no se pueden convertir en ciudadanos ni obtener ningún otro tipo de estatus permanente. Sus visas duran alrededor de seis meses, y entonces vuelven a su país de origen. El grupo de presión agrícola es uno de los más poderosos del país, y a pesar de la amplia oposición del Partido Republicano a otros programas de inmigración de amplio alcance, un número considerable de congresistas republicanos tiene conexiones con el sector agrícola. Incluso, negocios asociados con el expresidente Donald Trump, el presidente más vocalmente antiinmigrante de la historia moderna de Estados Unidos, dependen con regularidad de programas de trabajadores invitados. El pasado enero, un viñedo en Charlottesville, Virginia, propiedad de la familia Trump, solicitó autorización para contratar 35 trabajadores H-2A. 

Las historias de trabajadores agrícolas como Diego y Mario, que tuvieron que escoger entre sus familias en México y lo que parecía un trabajo estable con un salario decente en Estados Unidos, se han normalizado. Sin embargo, estas son historias aleccionadoras acerca de los peligros inherentes a un programa del gobierno de Estados Unidos que permite a personas inescrupulosas canalizar trabajadores migrantes vulnerables y desesperados a empleadores estadounidenses a los que se les ha otorgado un poder excepcional sobre sus vidas y su forma de ganarse el sustento. Entretanto, la agencia gubernamental que se encarga de supervisar el programa H-2A no tiene los recursos necesarios para vigilar que se cumpla adecuadamente ni para proteger los derechos de los trabajadores migrantes. ¿Qué podría salir mal? 

Pues resulta que todo.  

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“Una oportunidad como esta no se presenta dos veces”

Mario escuchó sobre el programa H-2A por boca de un hombre del pueblo que estaba reclutando gente para trabajar legalmente en los campos de Estados Unidos. Hasta ese momento, Mario nunca había considerado irse a Estados Unidos. Tenía una esposa y dos hijos pequeños, y una casita humilde que él mismo había construido con láminas de metal. Pero también era cierto que la pobreza persistente lo había desgastado. Una cosa es luchar uno solo por salir adelante, y otra es darse cuenta de que esa es la vida que les espera a tus hijos. 

El pueblo de Mario es tan remoto que la escuela más cercana se encuentra a dos horas. Mario no quería que también sus hijos tuvieran que sacrificar su infancia y su educación para buscar trabajo, así que él y su esposa decidieron mudar a la familia a una ciudad más grande donde los chicos pudieran ir a la escuela. Ahí fue, trabajando en una panadería, que se conocieron Mario y Diego, y se hicieron muy buenos amigos. Ambos son indígenas, son los mayores de tres hermanos, se casaron jóvenes y tuvieron hijos. Pero a eso se limitan los parecidos. 

Diego, que anda en sus veintes, es extrovertido, lleva tenis llamativos y pantalones vaqueros ajustados. Mario, que tiene unos diez años más, es tímido y reservado. Diego va por la vida viviendo cada día a la vez. Mario es más introvertido e inclinado a ponerse sentimental. Aun así, comparten un vínculo especial que es más que hermandad. Por eso no le fue difícil a Mario convencer a Diego de que entrara en el programa H-2A con él. Diego también estaba cansado de luchar para mantener a su esposa y a su hijita de cinco años con los $60 a la semana que les pagaban en la panadería. 

Pero, el asunto no consistía solo en decidir ser trabajadores H-2A. El reclutador de mano de obra les dijo que si le pagaban $2,500 por cabeza, el proceso sería expedito y él se ocuparía de “reservarles puestos” y “poner sus nombres en la lista”.

“¿A quién pedir el dinero? ¿A quién pedir el dinero? ¿A quién pedir el dinero?”. Esa pregunta taladraba constantemente el cerebro de Mario hasta que unos parientes se lo prestaron con intereses. Pero como Diego y Mario iban a ganar $11.46 la hora, calcularon que no habría problema para devolver el dinero. 

Ahora podrían unirse a las filas de los innumerables trabajadores H-2A cuyo trabajo como parte  de este programa del gobierno de Estados Unidos empezaba con una tarifa ilegal y una deuda onerosa. Pero para Diego, dejar a su familia se había vuelto infinitamente más complicado. 

Justo antes del momento de partir, su esposa se enteró de que estaba embarazada. Cuando Diego dudó de si haría bien en irse por seis meses, Valeria, que usa seudónimo para proteger su identidad, le dijo que lo hiciera. 

“Una oportunidad como esta no se presenta dos veces” le dijo. Acordaron pasar esos seis meses como pudieran. 

Alrededor del 4 de mayo de 2018, Diego y Mario se fueron para cumplir la primera parte del viaje: obtener los pasaportes en Monterrey. Valeria recuerda estar enfrente de Diego, embarazada, sintiéndose “destrozada” pero sin mostrarle a Diego lo mucho que le dolía su partida y lo mucho que lo iba a extrañar. En lugar de eso, le dijo que todo iba a salir bien. 

Cuando él se dio la vuelta para abordar el autobús, ella estalló en llanto. Pero se dijo: “Es por nuestro bien”. La separación pronto sería un recuerdo lejano, y cuando Diego regresara, podrían criar juntos al bebé, y estarían en una mejor posición financiera. 

Pero Diego y Mario nunca regresaron. 

Diego dejó a su esposa embarazada en México en 2018 para unirse al programa H-2A en Estados Unidos como trabajador agrícola de temporada. Lo que vio como una oportunidad para mantener a su familia pronto se convertiría en una pesadilla. Crédito de la foto: Patricia Sulbarán / Futuro Media.

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$7.2 millones en salarios robados

Aaron Jacobson trabaja como abogado supervisor de Ayuda Legal de la Unidad de Trabajadores Agrícolas de Carolina del Norte, donde representa a trabajadores H-2A como Diego y Mario. Durante una entrevista en su oficina en octubre de 2022, el abogado le dijo a Prism, Futuro Investigates y Latino USA que los requisitos para los empleadores del programa H-2A están claramente descritos en las regulaciones. 

“Pero lo que puedo decir como abogado de Carolina del Norte es que hay una disparidad notoria entre el programa en papel y lo que sucede en la práctica”, dijo Jacobson. 

Una de las disparidades más notorias es que los empleadores no les pagan a los trabajadores lo que les deben legalmente. Es raro encontrar un trabajador H-2A al que no le hayan robado el salario. La historia del propio programa H-2A arroja luz sobre por qué Rios dijo que el robo de salarios está literalmente “enraizado” en el modo en que el programa opera.

En 1938, la Ley de las Normas de Trabajo Justo (FLSA, por sus siglas en inglés) fundamentalmente cambió las condiciones de trabajo en Estados Unidos, otorgándonos un salario mínimo, una semana de trabajo regular y pago por horas extras. Pero estos beneficios no se aplicaron por igual. Esta ley adoptó exclusiones racistas basadas en el legado de la esclavitud, lo que significa que los trabajadores agrícolas —que eran mayoritariamente negros en esa época— estaban excluidos de las protecciones laborales básicas. 

El legado de estas exclusiones racistas continúa hasta hoy en día, y tiene atrapados a los trabajadores migrantes latinos que ahora forman la columna vertebral de la industria agrícola. A los trabajadores agrícolas de todo Estados Unidos todavía se les niegan las protecciones federales más básicas, y la mayoría de los estados aún no cuentan con leyes que les permitan a los trabajadores agrícolas un receso para beber agua, acceso a la sombra, protección contra el calor extremo y un salario digno. 

Rios, uno de los pocos funcionarios del gobierno que habla francamente acerca de los problemas que aquejan al programa H-2A, no escatima palabras para caracterizarlo.

“Se puede apreciar que el programa H-2A consiste literalmente en la compra de seres humanos para llevar a cabo un trabajo difícil en condiciones terribles, incluyendo, a veces, condiciones infrahumanas”, dijo Rios.

Estados Unidos también tiene una relación de amor/odio con los trabajadores mexicanos, que constituyen la mayoría de los trabajadores H-2A. La escasez de mano de obra agrícola causada por la Primera Guerra Mundial creó una oportunidad para los trabajadores mexicanos de venir a trabajar a Estados Unidos. Pero cuando llegó la Gran Depresión, los culparon a ellos, y los vieron como una amenaza para los trabajadores nativos. Los funcionarios de Estados Unidos llevaron a cabo deportaciones masivas de trabajadores mexicanos. Pero cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y los trabajadores agrícolas japoneses fueron encerrados en campamentos, volvieron a buscar a esos mismos trabajadores mexicanos para que llevaran a cabo las labores agrícolas.

Esto dio lugar al Programa Bracero en 1942, un acuerdo bilateral con México que permitía la entrada temporal de migrantes para llevar a cabo labores agrícolas en Estados Unidos. Los braceros estaban sometidos a condiciones inhumanas. Numerosos proyectos de historia oral nos han legado las voces de los trabajadores que dan los pormenores de cómo los desnudaban en los centros de procesamiento para comprobar si padecían una enfermedad venérea y cómo los fumigaban con DDT, un insecticida cancerígeno. Una de las injusticias más flagrantes del programa era el robo descarado del duramente ganado salario de los trabajadores. El funcionario del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que estaba a cargo del programa en esa época, Lee G. Williams, describió el programa como un sistema de “esclavitud legalizada”.

Durante sus 22 años de historia, más de 4 millones de braceros trabajaron en Estados Unidos hasta que el programa se abolió en 1964 debido a la preocupación que existía por los abusos y la explotación, incluyendo el robo sistémico de salarios por parte de los gobiernos mexicano y estadounidense. Pero el Programa Bracero vive en el programa H-2A, que lo tomó como modelo.

No debe sorprenderme que persistan los mismos problemas. Según el informe “Tiempo de Reforma” del CDM, 43% de los 100 trabajadores H-2A que la organización encuestó dijeron que el salario que recibieron era menos de lo que les habían prometido cuando los reclutaron en México. Muchos declararon que les habían pagado menos que el salario mínimo legal. Por otra parte, abogados y expertos en inmigración dicen que el robo de salarios en el programa H-2A ocurre de maneras muy diversas y complejas: cobro de tarifas ilegales, horas de trabajo sin pagar, o, los empleadores no les reembolsan gastos a los trabajadores o los reportan como asignados a trabajos peor pagados. Y en los raros casos en los que los trabajadores logran superar las dificultades que entraña luchar para que les paguen los salarios atrasados, a veces, el gobierno federal termina embolsillándose el dinero duramente ganado, según registros obtenidos por Prism, Futuro Investigates y Latino USA.

Shelly Anand fue contratada como “abogada H” por el DOL, para trabajar en casos H-2A, H-2B y H-1B en los cuales los empleadores de la región sureste no cumplían con leyes y regulaciones federales. Allí se dio cuenta de que la agencia tenía serias dificultades para devolver los salarios atrasados a los trabajadores H-2A. 

“Cada vez que leo comunicados de prensa del DOL que dicen, ‘Salarios y Horas descubre que existe $1 millón en salarios atrasados’, yo digo, ‘Bueno, pero, ¿ese dinero va a llegar a los trabajadores?’ Esa es la historia. Eso es lo que importa. Eso es lo que debería importarnos” dijo Anand. 

Las investigaciones llevadas a cabo por la División de Salarios y Horas (WHD, por sus siglas en inglés), la agencia federal que hace cumplir las leyes laborales federales, usualmente duran años. Este es un problema significativo para los trabajadores H-2A que viajan constantemente entre su país natal y Estados Unidos, por lo que se les hace difícil dar seguimiento a una reclamación por robo de salarios. Estos trabajadores también son transitorios debido a la naturaleza de los trabajos agrícolas. Cuando los trabajadores ganan una reclamación por robo de salarios, la FLSA establece que el DOL tiene tres años para devolver los salarios atrasados a los trabajadores y, si no, los fondos se transfieren al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tres años es bastante tiempo. Sin embargo, la agencia elige casi siempre el correo postal para comunicarse con trabajadores en áreas rurales cuyo servicio postal es probo de ser poco confiable. Esto significa que la información acerca del dinero que les deben puede no llegarles nunca.

Registros obtenidos por Prism, Futuro Investigates y Latino USA muestran que más de $7.2 millones adeudados a trabajadores H-2A entre 2011 y 2021 fueron enviados al Tesoro porque WHD no pudo localizar a los dueños de esos fondos.

La mayoría de los empleadores asociados con el robo de salarios original que aparecen en los registros consultados son contratistas de mano de obra, granjas y compañías pequeñas que llevan a cabo operaciones agrícolas en todo el país. Algunos, como Kenneth G. Hyatt, de la Florida, que opera bajo el nombre de Hyatt Farms, no solo les debe a los trabajadores H-2A más de $160,000 que terminaron en el Tesoro, sino que, según registros de los tribunales, ha violado repetidamente las regulaciones del programa H-2A. 

El coordinador Rios, del DOL, ha presionado personalmente para que los trabajadores H-2A reciban sus salarios atrasados. Durante los primeros días de la pandemia, cuando las operaciones regulares de WHD se detuvieron, Rios lanzó una iniciativa interna llamada Operation Pay Day que triplicó temporalmente la cantidad de personal en el departamento de salarios atrasados. En lugar de depender del correo postal, el equipo utilizó el modo de comunicación preferido de los trabajadores agrícolas: WhatsApp. El equipo devolvió $100,000 en salarios atrasados ​​adeudados a trabajadores agrícolas, incluidos algunos casos que se remontaban a ocho años y, al menos, dos instancias en las que los fondos ya habían ido al Tesoro.

Aun así, Rios reconoce que la cifra de $7.2 millones que ha sido enviada al Tesoro resulta “escandalosa”. 

“Aquí estamos con este número realmente grande adeudado a los trabajadores H-2A. Es decir, trabajan más duro que nadie, solo para que les roben el salario”, dijo. “Luego llega Salarios y Horas y recupera los salarios, pero aun así no reciben el dinero. Es un ciclo terrible”.

Las organizaciones de defensa de los trabajadores argumentan que no hay una buena razón por la que el DOL no pueda encontrar a los trabajadores migrantes. El DOL dice que los trabajadores pueden ser difíciles de localizar porque son “transitorios” y migran de un lado a otro entre Estados Unidos y su país de origen, o recorren Estados Unidos como parte de su trabajo agrícola de temporada, otra razón por la cual la agencia debería usar la comunicación digital, como WhatsApp, con más frecuencia.  

El DOL le dijo a Prism, Futuro Investigates y Latino USA que la agencia trabaja con organizaciones de defensa del trabajador y consulados para encontrar a los trabajadores y utiliza fuentes de información pública como CLEAR, un sistema biométrico de verificación de documentos de viaje. Aparentemente, los trabajadores también deberían poder verificar que se les adeudan salarios a través del sitio Workers Owed Wages de WHD, una base de datos pública que permite a los trabajadores ver si tienen salarios por reclamar.

La abogada Rachel Micah-Jones, fundadora y directora ejecutiva del CDM, dice que cuando el sitio se lanzó por primera vez, tenía la esperanza de que fuera una herramienta poderosa para los trabajadores migrantes. En cambio, descubrió que en realidad no funciona. 

Durante una llamada con Prism, Futuro Investigates y Latino USA, Micah-Jones buscó dos empleadores que les debían dinero a los trabajadores. Ninguno apareció en la base de datos. Los trabajadores latinos H-2A también tienen dificultades para usar el sitio porque no permite la inclusión de dos apellidos, y los trabajadores a menudo no saben cómo los empleadores ingresaron sus nombres en los registros. 

Al final, es responsabilidad de WHD encontrar a los trabajadores a los que se les deben salarios atrasados ​​y, según un ex funcionario del DOL, parte de la razón por la que la agencia no es eficiente es porque hace “muy poco” para hacer cumplir la regulación H-2A que requiere que los empleadores mantengan registros de la información de contacto permanente de sus trabajadores en el extranjero.

“Literalmente, en todos los casos con los que he tratado en el DOL, los registros han sido terribles”, dijo. “Y las regulaciones respecto a los registros apenas se cumplen, lo que es un poco sorprendente porque hay muchos requisitos muy específicos acerca del mantenimiento de registros en el programa H-2A con sanciones monetarias potencialmente asociadas a su incumplimiento. No es una violación muy emocionante que descubrir. Más bien, suena aburrida, pero es cierto que en muchos de estos casos, no hay manera de encontrar a los trabajadores y no hay forma de que el DOL sepa cómo encontrar a los trabajadores. Ves tantos casos en los que la información de contacto es literalmente algo así como ‘Oaxaca’. Eso es todo”.

Otro ex funcionario de alto rango del DOL lo confirmó. Explicó que las direcciones de Estados Unidos de los trabajadores extranjeros casi siempre son “inútiles” debido a la duración de las investigaciones de WHD. Ya cuando los salarios atrasados ​​están listos para ser entregados, la dirección está desactualizada porque era de un campamento de trabajo donde el trabajador ya no está alojado. También dijo que las direcciones pueden ser difíciles de verificar en el lado de México y que el servicio postal no es confiable. Los avisos que WHD envía a los trabajadores para informarles sobre los salarios atrasados ​​pueden enviarse a un pueblecito sin una dirección particular u otra información de ubicación.

El DOL trabaja con organizaciones sin fines de lucro, pero los activistas dicen que no sucede con la frecuencia suficiente. Organizaciones como Justice in Motion, que han creado amplias redes de abogados de derechos humanos en varios países, podrían tener una función mayor en ayudar a recuperar los salarios de los trabajadores migrantes. Pero Cathleen Caron, fundadora y directora ejecutiva de la organización, dijo que tiene que haber “voluntad política” para hacer este trabajo. 

“Este es el trabajo que hacemos, y entiendo que es difícil”, dijo Caron. “¿Cuánto tiempo y esfuerzo puede gastar un funcionario del Departamento de Trabajo para encontrar a un trabajador hondureño que regresó y al que se le deben 500 dólares? Sencillamente, no es un proceso eficiente… Pero hay tanta explotación salarial… Y, además de eso, con los trabajadores extranjeros, te enfrentas al problema, totalmente predecible, de que el trabajador se va a ir del país. Entonces, ¿por qué no hemos pensado en mecanismos para asegurar el acceso a la justicia para cuando se vayan?”.

En marzo, la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del DOL anunció una colaboración con la Secretaría del Trabajo mexicana, llamado Programa de Recuperación de Salarios de Trabajadores H-2A para ayudar a devolver $6.5 millones en salarios atrasados ​​a 13,000 trabajadores H-2A. El DOL no distribuyó estos fondos porque la agencia no pudo ubicar a los trabajadores a quienes se les debían salarios. Según un informe de CNN, se espera que Estados Unidos envíe a México una lista de los nombres de los trabajadores a los que se les deben salarios, y el gobierno mexicano ubicará a los trabajadores en sus bases de datos y les informarán sobre sus cheques. Rios confirmó que los salarios atrasados ​​que van a tratar de devolver provienen de la misma cantidad de dinero —los $7.2 millones adeudados a todos los trabajadores H-2A de varios países— descritos en los registros obtenidos por Prism, Futuro Investigates y Latino USA en el otoño de 2021. Los casos también abarcan el mismo período, de 2011 a 2021.

Si bien el robo de salarios se ha normalizado en el programa H-2A debido a la frecuencia con la que ocurre, Andrea Rojas dijo que el problema debe tomarse en serio porque a menudo está relacionado con el tráfico laboral.

Mario dice que su familia en México recibió amenazas de su reclutador laboral después de que él y Diego escaparon de la granja en Carolina del Norte. Crédito de la foto: Patricia Sulbarán / Futuro Media.

Rojas es directora de iniciativas estratégicas de Polaris, una organización dedicada a acabar con la práctica de la trata de personas. Desde 2007, la organización ha operado la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas de Estados Unidos, cuyos datos formaron la base de un informe reciente que ofreció uno de los retratos más completos de cómo la trata y el abuso se han vuelto endémicos en los programas de trabajadores invitados. A través de la línea directa, Polaris identificó a 15,886 víctimas de tráfico laboral entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, el 72 % de los cuales eran ciudadanos extranjeros en Estados Unidos con una visa de trabajador invitado, visitante de intercambio o trabajador diplomático. La mayoría de las víctimas según los datos de Polaris eran hombres mexicanos.

“El robo de salarios es el método de control más común en la agricultura”, dijo Rojas, señalando que la estructura del programa H-2A crea un caldo de cultivo perfecto para el abuso porque los trabajadores están completamente desconectados de sus redes de apoyo en sus países de origen y obligados a depender de su empleador para alimentos, vivienda y transporte. Denunciar la situación significa arriesgarlo todo.

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“Un análisis de costo-beneficio”

El abuso en el programa H-2A es difícil de cuantificar porque la estructura del programa hace que sea increíblemente arriesgado y difícil para los trabajadores presentar quejas. Las herramientas que ofrece WHD tampoco son ideales para los trabajadores agrícolas, lo que deja al gobierno con pocos datos concretos sobre el alcance de los problemas.

El proceso de quejas en línea de WHD no es muy compatible con dispositivos móviles, y los teléfonos celulares son el salvavidas de los trabajadores agrícolas. El formulario de queja también requiere información que puede parecer fácil, pero que es bastante complicada para los trabajadores H-2A. Por ejemplo, ¿cómo identifica un trabajador H-2A al contratista de mano de obra o al agricultor o cultivador en la sección requerida de “sector de trabajo”? ¿El trabajador H-2A indica su “código postal” o “ciudad y estado” de su campamento de trabajo o del lugar donde vive en su país de origen? Todo esto asume que el trabajador agrícola sabe leer y escribir o habla español, que no es el idioma dominante de los trabajadores indígenas. Los trabajadores también pueden llamar al DOL para presentar una queja, pero curiosamente, “presentar una queja” no es una de las opciones que ofrece el sistema automatizado de mensajería de voz de la agencia.

Hay otra opción, que es que alguien se comunique con el DOL de parte de un trabajador. Los organizadores de base, las organizaciones de defensa y los grupos que realizan actividades de divulgación y brindan servicios legales pro bono en las comunidades de trabajadores agrícolas a menudo llenan este vacío. En Carolina del Norte, la Unidad de Trabajadores Agrícolas de Ayuda Legal ha realizado actividades de divulgación durante 40 años, especialmente durante la temporada alta de H-2A, en la primavera y el verano, cuando el estado tiene la mayor cantidad de trabajadores agrícolas invitados. Ahí fue que Jacobson conoció a Diego y Mario. El abogado dijo que el contacto con los agricultores es la forma principal en que organizaciones como la suya se enteran directamente de los delitos cometidos contra los trabajadores H-2A. Pero los trabajadores rara vez quieren tomar medidas.

“Creo que hacen un análisis costo-beneficio” explicó Jacobson. “Algo así como ‘podría denunciar esto, pero entonces, es posible que me despidan. Eso va a ser un problema’”.

El dinero era una preocupación constante para Diego y Mario, incluso después de obtener los préstamos para pagar las tarifas ilegales de reclutamiento. Los pagos que se requerían para pasar la noche a lo largo de la ruta los hicieron gastar casi todo el dinero aun antes de llegar a Estados Unidos. Por eso, cuando en Monterrey sucedió algo profundamente alarmante, sintieron que era demasiado tarde para dar marcha atrás.

El reclutador de Mario y Diego les indicó que no mencionaran a los funcionarios estadounidenses la tarifa de reclutamiento. La conversación tuvo lugar en un hotel de Monterrey donde estaban reunidos Diego y Mario junto a cientos de otros hombres que esperaban sus visas H-2A. Aquí es donde vieron por primera vez al contratista laboral mexicano-estadounidense que obtuvo la autorización del DOL para llevarlos a trabajar en las granjas de arándanos de Carolina del Norte. Había instalado una especie de oficina improvisada en el hotel donde el reclutador instruía a los hombres sobre qué decir en sus entrevistas consulares.

Antes del COVID, todos los aspirantes a trabajadores H-2A debían ir a un consulado de Estados Unidos donde eran entrevistados por un funcionario del Departamento de Estado, quien, entre otras preguntas, les cuestionaba si habían pagado una tarifa para ingresar al programa. Es una pregunta necesaria, pero también poco práctica para detectar el fraude. En el momento en que los aspirantes a trabajadores H-2A están sentados en el consulado, muchos se han endeudado enormemente debido a la tarifa ilegal de reclutamiento. La única forma en que pueden pagar la deuda es trabajando legalmente en Estados Unidos. ¿Por qué, entonces, responderían honestamente una pregunta que en definitiva va a malograr su trabajo H-2A y destruir su futuro financiero?

Diego le dijo a Prism, Futuro Investigates y Latino USA que a causa del miedo y de su “ignorancia” acerca del funcionamiento del programa H-2A, él y Mario hicieron lo que se les pidió y no le dijeron al consulado que habían pagado tarifa de reclutamiento. Cuando les otorgaron las visas H-2A, una sensación de alivio les recorrió el cuerpo. 

“Todo parecía en orden”, dijo Diego; después de todo, tenía documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos. “Entonces, ¿quién lo dudaría? ¿Quién pensaría que algo andaba mal?”.

Cuando finalmente llegaron al sucio y superpoblado campamento en Carolina del Norte donde iban a trabajar durante el verano, se dieron cuenta enseguida de que algo sí andaba muy mal. La comida también era un problema. Como todos los trabajadores H-2A, Diego y Mario dependían completamente de su empleador para la alimentación y el transporte, y era obligación legal de su empleador proporcionar ambos. El empleador prácticamente no se ocupó de ninguna de las dos cosas, y debido a que los hombres no estaban familiarizados con su entorno, pasaron su primer día en Carolina del Norte buscando alimento a pie. Horas más tarde, regresaron al campo de trabajo, sin haber conseguido nada. Llevaban 12 horas sin comer. 

Por fin alguien asociado con su empleador llevó a los trabajadores a una bodega cercana. Diego y Mario juntaron el dinero que les quedaba para poder comprar jamón y queso para preparar sándwiches. Cuando se les acabaron esos suministros, no les quedó más que la ropa que habían traído de México. 

Tal vez hubieran podido soportarlo si hubiera habido dinero de por medio, pero los trabajadores H-2A que habían llegado antes que ellos les informaron que no habían trabajado en semanas. Las cosas empeoraron cuando el contratista laboral convocó una reunión y les dijo a los trabajadores H-2A que no se les pagaría el salario mínimo por hora prometido por el reclutador.

Los empleadores H-2A deben pagar a los trabajadores el salario mínimo federal o estatal (el que sea mayor), el “salario prevaleciente”, según lo determine el DOL utilizando una metodología que tiene en cuenta las encuestas salariales para determinados trabajos en regiones específicas, o algo llamado Tasa de Salario de Efecto Adverso (AEWR, por sus siglas en inglés). Este es el salario regional por horas promedio ajustado para trabajadores de campo y ganado combinados, medido por la encuesta anual de mano de obra agrícola del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés). La AEWR tiene por objeto garantizar que los trabajadores invitados no “afecten negativamente” los salarios de los trabajadores estadounidenses. Los trabajadores pagados por pieza aún deberían ganar al menos tanto como si les pagaran un salario por hora, porque los empleadores están obligados a pagar el más alto de los salarios mínimos o las ganancias por pieza del trabajador.

El salario que se paga a la mayoría de los trabajadores agrícolas con visas H-2A es el AEWR. Siempre ha sido bajo, especialmente considerando que muchos trabajadores agrícolas no reciben pago por horas extras, pero los salarios impuestos a Diego y Mario en realidad eran ilegales. En 2018, el salario por hora garantizado para un trabajador H-2A era de $11.46. El contratista pagó a Diego, Mario y los otros trabajadores H-2A una tarifa por pieza de $2.50 por cubeta de arándanos cosechados, independientemente de la cantidad de horas que trabajaron.

Diego y Mario fueron solo dos de los cientos de trabajadores H-2A que su contratista contrató esa primavera. Según documentos judiciales, cuando los trabajadores hambrientos recibieron la noticia de los salarios ilegales, comenzaron a huir de los campamentos.

Los que se quedaron atrás se sorprendieron al saber que los arándanos que habían venido a recolectar en Estados Unidos ni siquiera estaban lo suficientemente maduros para cosechar. Durante un día de trabajo que comenzó a las 5 a.m., Diego ganó solo $10. Varios días después, los trabajadores H-2A fueron llevados a los campos de arándanos y obligados a esperar durante seis horas. Legalmente, deberían haber sido compensados ​​por ese tiempo, pero su empleador no lo hizo.

Diego comenzó a enviar a su esposa Valeria mensajes de WhatsApp desesperados detallando lo hambriento que estaba, lo poco que trabajaba y lo controlador que era su empleador. Algunos de los hombres con los que trabajaban también estaban desesperados. Se les veía en la carretera principal cerca del campamento, haciendo señas a los autos para preguntarles si podían trabajar a cambio de comida. La noticia de alguna manera llegó a una organización local de trata de personas, y avisaron a la unidad de trabajadores agrícolas de Ayuda Legal de Carolina del Norte. Todo esto sucedió justo a tiempo, cuando el empleador de Diego y Mario amenazó con confiscarles los pasaportes.

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Dinámica de poder abrumadora

Según abogados, activistas de derechos e incluso algunos funcionarios del gobierno que hablaron con Prism, Futuro Investigates y Latino USA, la estructura de H-2A y otros programas de trabajadores invitados crea un desequilibrio de poder abrumador entre los empleadores estadounidenses y los trabajadores extranjeros. Las visas de los trabajadores están vinculadas a un solo empleador, por lo que presentar una queja o hablar en contra de cosas como el robo de salarios es increíblemente arriesgado.

“[E]l hecho de que estén atados a este único empleador, a menudo, no siempre, pero a menudo, significa que están atascados, absolutamente atascados”, dijo Rios. “Creo que hasta que no nos quitemos los grilletes de un empleador único, vamos a seguir viendo a estos abusadores aprovechándose de los trabajadores”.

Casi nada impide que un empleador despida a un trabajador en represalia, lo que lo convierte en indocumentado y sujeto a deportación. De hecho, no es inusual que un empleador amenace a los trabajadores que denuncian el abuso o intentan evitarlo con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el programa H-2A, lo que está en juego es aún más importante porque los empleadores son responsables de proporcionar a los trabajadores vivienda y acceso a transporte y alimentos. Cortar los lazos con un empleador abusivo no solo deja a los trabajadores H-2A sin trabajo e indocumentados, sino también completamente a la deriva en un país extranjero. Sin dinero para regresar a casa, algunos terminan en la calle o separados permanentemente de sus familias.

“Una vez que se separan de ese empleador, ya no se consideran invitados, y ese es un beneficio muy importante para todos los clientes que he tenido. Realmente valoran la capacidad de venir aquí con estatus, por lo que harán todo lo posible, hasta que no puedan más, con tal de regresar al año siguiente. Porque también los amenazan con que, si se van, se consideran ‘quemados’, es decir, los van a poner en la lista negra”, explicó Jacobson.

Jorge, un mexicano de 34 años que estuvo en el programa de 2013 a 2019, dijo que experimentó robo de salarios y otras violaciones en cada granja en la que trabajó. El ex trabajador H-2A solicitó a Prism, Futuro Investigates y Latino USA que no usaran su apellido porque temía represalias por hablar en contra de un programa del gobierno de Estados Unidos.

Cuando tropezó por primera vez con el robo de salarios en su primer trabajo H-2A, Jorge dijo que recurrió al sindicato de trabajadores agrícolas de Carolina del Norte, el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas (FLOC, por sus siglas en inglés), en busca de ayuda. Por fin, recibió alrededor de $7,000 en salarios atrasados, pero alega que esto era solo una fracción de lo que realmente se le debía.

“No me atreví a exigir más”, dijo Jorge, señalando que otros hombres con los que trabajó recibieron entre $12,000 y $13,000. “Mi hermano también estaba en el programa y no quería que sufriéramos represalias”.

Ahora, Jorge lamenta no haber luchado por el monto total de los salarios atrasados ​​que le debían. Durante los últimos cuatro años, ha luchado para mantener a su esposa y sus dos hijos pequeños en México, donde está tratando de ganarse la vida trabajando en una fábrica y haciendo trabajitos de plomería, carpintería, pintura y construcción.

Jorge renunció al programa H-2A en 2019, cansado del robo de salarios y el maltrato. A medida que las violaciones que experimentó se acumularon y él continuó hablando, dijo que los empleadores comenzaron a considerarlo un alborotador. Todavía se pregunta si por eso fue relegado a un trabajo cada vez más agotador y peligroso.

Jorge se hartó mientras trabajaba en una plantación de tabaco en Carolina del Norte. Cada día de trabajo comenzaba a las 7 a.m. y terminaba a las 8:30 p.m., lloviera o hiciera sol, de lunes a sábado, y los domingos hasta las 2 p.m. El colmo llegó cuando dos trabajadores que estaban “jugando” en el trabajo lo rociaron accidentalmente en los ojos con un pesticida. El accidente lo dejó con la visión borrosa.

A diferencia de Diego y Mario, a Jorge no lo obligaron a pagar una tarifa de reclutamiento para trabajar en el programa, pero incluso muchos de los que no pagan las tarifas ilegales se endeudan para ser trabajadores H-2A. Según un informe de 2013 del CDM, el 47% de los trabajadores H-2A encuestados obtuvieron un préstamo para cubrir los gastos previos al empleo.

Durante su primer año en el programa, Jorge dijo que obtuvo un préstamo para cubrir su visa y los gastos de viaje, que incluían un autobús desde su casa en Guanajuato, hasta Monterrey para su entrevista en el Consulado. También tuvo que pagar de su bolsillo el autobús a Estados Unidos.

“Estaba endeudado por alrededor de $1,000 incluso antes de llegar a Estados Unidos, además de tener el corazón roto por tener que dejar a mi familia”, dijo Jorge. “Año tras año terminaba endeudado… Estamos dispuestos a pagar para salir de México porque la vida aquí es dura, hay mucha delincuencia y queremos una vida mejor para nuestras familias. En México, la gente te da una versión de cómo son las cosas (en Estados Unidos), pero cuando llegas allí, descubres que la realidad es otra. En el trabajo H-2A, abusan y te acosan, y te amenazan con denunciarte a inmigración. A mí me hicieron eso. Y a otras muchas personas. Tenemos miedo de hablar porque cuando lo haces, te castigan”.

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“En la industria agrícola, levantas una piedra y encuentras una infracción”

Rios le dijo a Prism, Futuro Investigates y Latino USA que, en la industria agrícola, los niveles de cumplimiento de las normas por parte de los empleadores han sido históricamente muy bajos. Según los propios datos del gobierno, la agricultura es una de las principales industrias de bajos salarios y altas infracciones en Estados Unidos, con casi 11,000 infracciones de empleadores H-2A en el año fiscal 2022.

“En la industria agrícola, levantas una piedra y encuentras una infracción”, dijo Ríos, y él sabía lo que decía. Antes de ocupar su cargo actual, pasó 15 años como investigador en WHD, donde analizaba las quejas de los trabajadores agrícolas y se aseguraba de que los empleadores cumplieran con las regulaciones federales. Pero las quejas de los trabajadores en la industria agrícola son raras. Además de temer las represalias de los empleadores, dijo Rios, tampoco se sienten cómodos dirigiéndose a una agencia gubernamental.

Sin embargo, los trabajadores H-2A que han optado por hablar han proporcionado algunos de los datos públicos más sorprendentes sobre las condiciones que enfrentan los trabajadores agrícolas. Para recopilar datos para el informe del CDM “Tiempo de Reforma”, los miembros de la organización realizaron entrevistas detalladas a 100 trabajadores mexicanos H-2A que participaron en el programa en los últimos cuatro años. Un asombroso 100% de estos trabajadores sufrió al menos una violación grave de sus derechos, incluidos los trabajadores que dijeron estar satisfechos con su experiencia en el programa. Y 94% de los trabajadores encuestados experimentó tres o más violaciones legales graves, definidas como violaciones de los derechos legales con un impacto sustancial en sus salarios o condiciones de trabajo.

La abogada y fundadora del CDM, Micah-Jones, le dijo a Prism, Futuro Investigates y Latino USA en una entrevista telefónica que la mayoría de las personas, incluidas muchas que trabajan en el campo de la inmigración, no entienden cómo funciona realmente el programa H-2A y cómo su “grave problema estructural” conduce a violaciones de los derechos humanos. Micah-Jones recordó a un trabajador que le contó que un funcionario del Departamento de Trabajo entrevistó a un compañero mientras el abogado de su empleador estaba sentado en la habitación.

“El DOL no está diseñado para ser un recurso confiable para los trabajadores”, dijo Micah-Jones. “Los trabajadores no siempre piensan que las autoridades tienen en mente sus mejores intereses”.

La fundadora y directora ejecutiva del CDM dijo que también es cierto que el DOL no tiene suficiente personal ni recursos, pero la agencia podría ser más eficaz abordando el abuso en la agricultura, especialmente en un programa como el H-2A, donde Estados Unidos otorga a los empleadores un control tremendo sobre la vida de los trabajadores.

No se puede subestimar el impacto que la escasez de recursos y de personal tiene en la agencia federal. Según un informe de diciembre de 2020 de EPI, en 2019, WHD tenía “poco menos de 1500 empleados, incluidos 780 investigadores, y un presupuesto de 229 millones de dólares para investigar 10,2 millones de establecimientos estadounidenses con 148 millones de empleados”. El número de trabajadores de los que es responsable cada investigador individual de WHD también ha aumentado drásticamente. En 1978, EPI reportó que había un investigador de WHD por cada 69,000 trabajadores. Para 2018, un investigador era responsable de 175,000 trabajadores.

Rios nos dijo que, hasta el año pasado, WHD tenía entre 600 y 700 investigadores en total, y solo una fracción de ellos podía realizar investigaciones agrícolas porque requieren capacitación especializada adicional.

El débil poder de investigación tiene serias implicaciones para los trabajadores agrícolas. EPI descubrió que los empleadores agrícolas tienen un 1,1% de probabilidad de ser investigados por WHD en un año determinado. Cuando WHD investiga una granja, encuentra violaciones de la ley laboral en el 70% de los casos, según 15 años de datos analizados por EPI. Un trabajador H-2A que habló con Prism, Futuro Investigates y Latino USA dijo que, en sus 11 años en el programa H-2A, nunca se había encontrado con un investigador del gobierno. Después de experimentar un robo de salarios extremo en su último trabajo H-2A, finalmente decidió dejar el programa y quedarse en Estados Unidos, convirtiéndose en parte del 49% de los trabajadores agrícolas indocumentados del país.

El COVID-19 ha sido devastador para los trabajadores agrícolas, ya que la supervisión y el cumplimiento de las normas del programa H-2A fueron casi nulas durante la pandemia. WHD dejó de realizar investigaciones en persona en gran medida en 2020. Para fines de 2021, WHD realizó solo 562 investigaciones agrícolas relacionadas con los trabajadores H-2A. Según los archivos de investigación de WHD obtenidos por Prism, Futuro Investigates y Latino USA, la agencia realizó algunas inspecciones de viviendas H-2A de manera virtual, incluso con, al menos, un empleador H-2A conocido por prácticas engañosas.

Campo de tomatillo en Guanajuato, México. Crédito de la foto: Fernanda Echavarri / Futuro Media.

Esos archivos muestran que un contratista de mano de obra de Florida reclutó a 50 trabajadores H-2A en 2021 para cosechar arándanos que se venden en comercios como Walmart, Publix, Kroger y Harris Teeter, a pesar de violaciones anteriores del H-2A en varios estados relacionadas con una forma de robo de salarios llamada “desplazamiento de costos” en la cual un empleador traslada los costos de los que es responsable a los trabajadores. En un caso, se le ordenó que pagara a los trabajadores H-2A más de $200,000 en salarios atrasados. Durante la investigación de 2021, el contratista tenía dos facturas del servicio de visas del Departamento de Estado que mostraban que pagó $9,500 para cubrir el costo de las 50 visas de sus trabajadores H-2A. Sin embargo, WHD descubrió que el contratista de mano de obra había vuelto a hacer desplazamiento de costos. Hizo que los trabajadores le transfirieran el costo de las visas a su empresa en México.

Se supone que en el programa H-2A existen mecanismos para detectar y detener de manera preventiva el fraude, el abuso y las posibles infracciones laborales. Sin embargo, incluso cuando se detecta, la investigación de una acusación puede llevar años, dejando la vida de los trabajadores en la cuerda floja. Tomemos, por ejemplo, uno de los casos más grandes y extremos de fraude de visas y tráfico laboral jamás documentado en el programa H-2A: Operation Blooming Onion (Operación Cebolla Floreciente).

En noviembre de 2021, se supo la noticia que revelaba una extensa operación internacional que tenía sometidos a trabajadores H-2A a “esclavitud moderna” en las granjas del sur de Georgia. Migrantes de México y América Central se vieron obligados a excavar en busca de cebollas con sus propias manos bajo la amenaza de violencia armada, según la acusación federal, y ganaban solo 20 centavos por cada cubeta de cebollas cosechadas. Al menos dos personas murieron por exposición al calor en el trabajo y una mujer fue violada repetidamente. Los campamentos de las víctimas estaban rodeados de cercas eléctricas, o se les recluía en casas móviles hacinadas e insalubres con fugas de aguas residuales y sin acceso a alimentos o agua potable.

En una entrevista con Prism, Futuro Investigates y Latino USA, Sarraf, gerente de prevención de fraudes del Departamento de Estado, caracterizó la Operación Cebolla Floreciente como una “historia de éxito entre agencias” que condujo a una “serie de acusaciones relevantes” contra el trabajo forzoso más terrible que se había visto en el programa H-2A. Las semillas de la investigación comenzaron en Monterrey, como parte del esfuerzo de pre-evaluación llevado a cabo en el consulado, según Sarraf. Al parecer, las autoridades comenzaron a investigar el caso en noviembre de 2018, aunque la acusación federal dice que, “[desde] al menos el año 2015”, los perpetradores comenzaron a usar de manera fraudulenta el programa H-2A para presuntamente contrabandear a ciudadanos extranjeros desde México, Guatemala y Honduras solicitando más de 71,000 visas H-2A.

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La pesadilla de Carolina del Norte

Se podría pensar que la Operación Cebolla Floreciente es una excepción, pero el caso incluyó violaciones muy comunes en el programa H-2A: tarifas ilegales de reclutamiento, tráfico de mano de obra, robo de salarios, intimidación, amenazas con llamar a inmigración y confiscación del pasaporte. Estas violaciones parecen ser frecuentes en la región sureste donde el DOL ha lanzado campañas para crear conciencia del tráfico de mano de obra agrícola y para mejorar el cumplimiento de las regulaciones entre productores y agricultores. 

Los investigadores de la región sureste del DOL encontraron violaciones en el 78% de las más de 280 investigaciones realizadas en 2020. Durante el mismo período, la división prohibió a siete agricultores y contratistas de mano de obra agrícola del Sureste participar en el programa H-2A. Según la ley de Estados Unidos, a los empleadores que cometen infracciones sustanciales se les puede prohibir recibir trabajadores H-2A hasta por tres años. Sin embargo, la experiencia de Mario y Diego en Carolina del Norte plantea preguntas más amplias sobre casos de los que el público quizás nunca se entere y sobre el número de trabajadores que sufre en silencio.

No está claro por qué el DOL aprobó que el contratista laboral de Diego y Mario trajera más de mil trabajadores H-2A en 2018, dado que su operación parecía incluir lo que Sarraf describió en una entrevista como marcadores reconocibles de fraude. Muchos de los trabajadores H-2A que el contratista reclutó para la temporada eran nuevos en el programa, por ejemplo, y su solicitud contenía signos de lo que Sarraf llamó “petición rellenita”, que es cuando un empleador solicita más trabajadores de los realmente necesarios. El contratista de mano de obra, en colaboración con tres agricultores de Carolina del Norte, buscó emplear un total de 1442 trabajadores H-2A como parte de dos pedidos de trabajo en campos de arándanos, una cantidad muy diferente de la de la temporada 2018: un aumento del 350% en el tamaño de su fuerza laboral H-2A comparada con el año anterior.

Los documentos judiciales muestran que el contratista laboral había participado en el programa H-2A desde 2013. Aunque no tenía una operación agrícola propia en un sitio fijo, pudo obtener “contratos masivos en relación con el tamaño y la experiencia (del contratista) para proporcionar mano de obra a varias granjas de Carolina del Norte.” También es notorio que el contratista laboral había sido investigado antes por el DOL.

Los registros obtenidos por Prism, Futuro Investigates y Latino USA muestran que el 30 de abril de 2018, días antes de que Diego y Mario llegaran a Carolina del Norte, la Oficina de Certificación Laboral Extranjera recomendó que el contratista laboral fuera excluido del programa por tres años debido a violaciones H-2A. A fines de mayo, poco después de que Diego y Mario se vieran obligados a huir del campamento en medio de la noche, el contratista solicitó una audiencia que finalmente condujo a un acuerdo de conciliación. Se retiró la notificación de inhabilitación.

Las vidas de Mario y Diego podrían haber sido muy diferentes si los funcionarios hubieran sido más estrictos. En cambio, su seguridad dependía de una llamada que recibió Ayuda Legal de Carolina del Norte diciéndoles que había trabajadores agrícolas mendigando comida por las carreteras. Jacobson dijo que alguien le había hablado de la llamada, pero asumió que se trataba de indocumentados, porque los empleadores están obligados a suministrarles comida o acceso a la comida a los trabajadores H-2A. 

“Parecía particularmente extraño en el contexto del programa H-2A”, dijo Jacobson. “Nunca escuché algo así antes”.

Después de recibir la llamada, miembros de la Unidad de Trabajadores Agrícolas de Ayuda Legal se presentaron en el campamento. Jacobson dice que a veces sucede que cuando un empleador viola los derechos de un grupo de trabajadores, hay una especie de “indignación generalizada donde la gente está tan enojada” que tiene ganas de hablar sobre la situación. Eso no es lo que estaba pasando en el campamento de Diego y Mario. Los hombres tenían miedo y se quedaron callados. 

Pero Mario se sobrepuso a su timidez e hizo algo impensable para un trabajador agrícola en su situación, dijo Jacobson. Se paró frente a todos sus compañeros y le dijo a Ayuda Legal lo que sucedía. 

La decisión de Mario de no quedarse callado, no resultó fácil. El empleador les había recalcado que no hablaran con nadie que viniera haciendo preguntas. Mario dijo que era difícil saber en quién confiar. Pero sentía que ya no tenía otra opción. Diego y él sabían que tenían que escapar. El empleador les dijo que les iba a confiscar los pasaportes y que, si huían, iba a llamar a inmigración. Habían llegado a un punto en que no había vuelta atrás.

“Se me quitó el miedo”, dijo Mario. “Y empecé a contar todas las cosas por las que estábamos pasando”.

A la mañana siguiente, Jacobson contó que Ayuda Legal recibió una llamada de los hombres: querían representación legal y ayuda para escapar. 

Como el empleador vigilaba estrechamente a Diego, Mario y los otros hombres, era difícil escapar. Así que, al decidir emprender acciones legales, tuvieron que mentir diciendo que iban a buscar provisiones para poder encontrarse con Jacobson en una parada de camiones de la carretera. 

Jacobson les compró unas hamburguesas a Diego y Mario, su primera comida caliente en días, y les explicó que su caso sería más sólido si, además, pudieran probar que habían sido víctimas de robo de salarios. Los hombres acordaron quedarse un día más en el campamento hasta que les pagaran. La noche siguiente, alrededor de las 11 p.m., Jacobson recibió una serie de mensajes por WhatsApp de Diego, “el recolector de evidencias”. Enviaba fotos de talones de pago fraudulentos donde aparecía un número de horas falsas y salarios por hora falsos. El empleador también obligó a los hombres a firmar un formulario verificando sus salarios. Diego utilizó una firma falsa para certificar que sólo se le debían $45 por más de una semana de trabajo, con la esperanza de que se dieran cuenta que se trataba de un fraude. 

La noche siguiente, la organización contra la trata de personas que había alertado a Ayuda Legal sobre la situación, ayudó a Diego, Mario y otros trabajadores a escapar. A medianoche, los hombres, siguiendo el largo camino de tierra, se alejaron del campamento, que estaba escondido a la vista de todos y no muy lejos de la capital del estado. Sus corazones se llenaron de júbilo cuando vieron, en el estacionamiento de la iglesia, la camioneta que los alejaría de la pesadilla que habían vivido en Carolina del Norte. 

Cinco años más tarde, los hombres le dijeron a Prism, Futuro Investigates y Latino USA que todavía se preguntan cómo es posible que sucedan cosas así dentro de un programa del gobierno de Estados Unidos.

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“Me van a matar”

Durante décadas, trabajadores y activistas han exigido al programa H-2A que introduzca reformas que protejan mejor a los trabajadores migrantes de la explotación y el abuso. Muchas de sus recomendaciones están dirigidas a darles a los trabajadores más control sobre el lugar en el que están empleados y el derecho a cambiar de empleador.

Reformar el programa H-2A no parece estar dentro de las prioridades del Presidente Joe Biden. Su administración, más bien planea reducir la migración en la frontera sur expandiendo el programa H-2A para traer a más trabajadores de Centroamérica. Forma parte de una estrategia más amplia amparada bajo la Orden Ejecutiva 14010 firmada en febrero de 2021. En la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Los Ángeles el año pasado The Nation reportó que Biden había trazado un plan para “poner un alto a las maneras ilegales y peligrosas de migrar de la gente” ayudando, al mismo tiempo, a “los granjeros estadounidenses a traer trabajadores agrícolas temporales de países del norte de Centroamérica bajo el programa de visas H-2A”. 

Para los trabajadores y los activistas, esto solo hace agravar el problema y no únicamente porque la administración no ha incluido a los trabajadores H-2A en los grupos de trabajo que están estudiando cómo expandir el programa, según Micah-Jones. Es sobre todo, porque las poblaciones de centroamericanos que están migrando a la frontera sur consisten, más que nada, en gente que busca asilo, que está huyendo de la trata de personas y de los abusos, y estos son endémicos del programa H-2A.

El abogado Daniel Costa, un experto en visas para trabajadores invitados, y director de investigación de leyes y política de inmigración en el Instituto de Política Económica, dijo que es una decisión “desafortunada” que la administración Biden esté manejando “flujos humanitarios de personas” canalizándolos en “programas de servidumbre por contrato”. Costa le dijo a Prism, Futuro Investigates y Latino USA que es importante pensar en lo que sucederá con los posibles solicitantes de asilo colocados en un programa de visa temporal donde ganarán un salario y luego regresarán a sus países de origen.

Van a regresar a un país del que huyeron a causa de la corrupción o tal vez por la extorsión de las pandillas o tal vez porque los persiguen. Quizá un pariente suyo fue asesinado. [Y] los van a enviar de regreso a esa situación con dólares en el bolsillo, lo que los convertirá en blanco de extorsiones”, dijo Costa.

La preocupación de Costa no es solo una teoría. Lo que dijo ya está sucediendo.

Hace unos años, Jacobson tuvo de cliente a un trabajador hondureño, uno de los casos más sólidos que había visto en su vida, ya que poseía mucha documentación. Jacobson estimaba que al trabajador se le debía al menos $40,000 en salarios sin pagar, y Jacobson creía que podría ganar una demanda por daños y perjuicios que resultaba en una cantidad potencial de $80,000.

Pero la buena noticia no fue recibida como Jacobson esperaba porque el trabajador le tenía miedo al reclutador de Honduras que lo había metido en el programa. 

“Esos $80,000 representaban una cantidad de dinero inconcebible para él” dijo Jacobson. “Pero al final, decidió no proseguir con la demanda. Me dijo: ‘Usted no entiende. Me van a matar. Me van a ir a buscar, me van a sacar de la casa, me van a matar y me van a dejar tirado en unos matorrales. Nadie me va a encontrar’”. 

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Separación familiar

En materia de historias de horror relacionadas con el programa H-2A, las del Diego y Mario se llevan la palma.

La oficina de Jacobson los ayudó a demandar a su contratista y a otros empleadores relacionados con la operación de recogida de arándanos, quienes no admitieron falta alguna, pero llegaron a un acuerdo el año pasado. Diego y Mario recibieron $10,500 cada uno como resultado de la demanda. Con ese dinero pudieron devolver las cantidades que sus parientes les habían prestado para cubrir las tarifas de reclutamiento. Pero no quedaba mucho con lo que empezar una nueva vida. 

Diego y Mario han permanecido en Estados Unidos desde que escaparon del programa H-2A, un requisito obligatorio mientras aguardaban sus visas T, unas visas especiales para inmigrantes víctimas de tráfico de personas, que obtuvieron el año pasado. Son compañeros de cuarto y trabajan en el mismo restaurante. Durante cinco largos años, han estado separados de sus familias. Se mantienen comunicados con sus mujeres y sus hijos a través de videollamadas. Diego no ha podido conocer a su hijo. 

Y como no hay un estatus interino para los que aguardan un beneficio de inmigración como la visa T, la amenaza de su empleador acabó por convertirse en realidad: Diego y Mario fueron indocumentados todos los años que demoraron en obtener sus visas T. Eso significa que podían haber sido deportados.

Ese es el verdadero quid del problema con el programa H-2A: aunque huían del hambre, el robo de salarios, el tráfico laboral y todo lo demás, son Mario y Diego quienes tienen más que perder. No el empleador. No el reclutador. Las víctimas.

Un año antes de que Mario y Diego llegaran a Estados Unidos, otro grupo de trabajadores H-2A demandaron al mismo contratista de mano de obra que los había reclutado. Alegaban que habían sido víctimas de robo de salarios y otros delitos en una operación de boniatos en Carolina del Norte, según registros de un tribunal obtenidos por Prism, Futuro Investigates y Latino USA. 

En 2021 el contratista fue expulsado del programa H-2A por dos años, pero desde esa fecha, más de una docena de trabajadores H-2A han acudido a la oficina de Jacobson para demandar al contratista, aunque ya no esté en el programa. No queda nada claro que su expulsión del programa lo haya sacado del negocio. Jacobson cree que puede estar utilizando un alias, o que puede haber llegado a un acuerdo con otros empleadores agrícolas, que le permita continuar operando dentro del programa H-2A sin ser detectado.

Al DOL se le ha notificado esta preocupación. Según nuestra investigación, no se ha hecho nada al respecto. 

*Patricia Sulbarán, Fernanda Echavarri y Roxana Aguirre colaboraron con el reportaje  para este artículo.

Prism es una redacción independiente y sin fines de lucro dirigida por periodistas de color. Reportamos a fondo y desde las intersecciones de la injusticia. www.prismreports.org

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