Buscando rendición de cuentas

Los exresidentes interpusieron una demanda administrativa contra el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales. Están representados por abogados del MacArthur Justice Center, del National Immigration Law Center y de varias organizaciones asociadas.

Manes, el asesor principal de MacArthur, afirma que están buscando que las autoridades rindan cuentas por lo que él describe como violencia militarizada por parte de las autoridades federales de inmigración.

“El nivel de violencia militarizada que hemos visto por parte de las autoridades federales de inmigración en nuestras calles es impactante y exige que rindan cuentas”, aseguró Manes.

Sin embargo, emprender acciones legales contra funcionarios federales implica obstáculos importantes.

“Gran parte de nuestro trabajo anterior se centró en la rendición de cuentas por abusos a nivel estatal y local. Hay herramientas que simplemente no existen contra el gobierno federal”, dijo Manes. “Mucha gente no se da cuenta de que no se puede demandar directamente a un funcionario federal por violar tus derechos constitucionales”.

A diferencia de los agentes estatales y locales, los agentes federales no están sujetos al mismo procedimiento legal general para las demandas por violación de derechos civiles. Los agentes individuales, en teoría, pueden ser acusados conforme a las leyes penales estatales, pero podrían gozar de cierta inmunidad si sus acciones se consideran apropiadas en el ejercicio de sus funciones federales. Esto, junto con otras resoluciones judiciales, hace que este proceso sea complicado.

Manes dijo que su equipo también tuvo dificultades para identificar a los agentes que participaron en la redada.

“En el trabajo policial habitual, eso es público”, dijo Manes. “Recibes un informe policial, ves quién arrestó a tu cliente y lo que pasó”.

En cambio, los abogados presentaron una demanda contra las agencias federales en virtud de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, que permite presentar ciertas reclamaciones por lesiones personales o daños a la propiedad contra el gobierno por daños causados por empleados federales.

La reclamación administrativa brinda al gobierno la oportunidad de investigar y decidir si resuelve o desestima las acusaciones. Si el gobierno no responde o niega la reclamación, los reclamantes pueden interponer una demanda.

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Los residentes alzan la voz

Las declaraciones que presentaron los abogados como parte de la demanda por daños y perjuicios describen la discriminación racial ocurrida durante la redada, en la que agentes derribaron las puertas de los apartamentos, apuntaron con armas de fuego a las familias y desalojaron a los residentes sin órdenes judiciales.

Una mujer declaró que los agentes irrumpieron en su apartamento y obligaron a su familia a salir a punta de pistola. Dijo que sacaron a su hijo de seis años a la fuerza, vestido únicamente con ropa interior.

Otro denunciante relata que se despertó al escuchar fuertes golpes. Antes de darse cuenta de lo que sucedía, dice que los agentes entraron en la habitación y soltaron a un perro policía. Afirma que el perro lo mordió y describe cómo lo esposaron con una precinta de seguridad de plástico, mientras sangraba profusamente.

Otro testigo relata que fue golpeado en la cabeza con un rifle. El demandante afirma que estuvo detenido durante dos meses y que, a pesar de haberse sometido previamente a una cirugía cardíaca, se le negó la medicación que necesitaba.

Relatos de familias y de antiguos residentes – entre ellos, al menos un ciudadano estadounidense – describen situaciones similares. Todos niegan haber participado en actividades delictivas y aseguran que los agentes no presentaron órdenes judiciales. Según los documentos judiciales, su objetivo es exigir al gobierno que rinda cuentas para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Los antiguos residentes que presentaron la demanda declinaron conceder entrevistas para este reportaje.

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Cómo y por qué ocurrió la redada

Los funcionarios federales describieron la operación como un esfuerzo dirigido contra el Tren de Aragua, una organización criminal que Donald Trump mencionó con frecuencia durante su campaña presidencial.

“¿Qué tal si tu vives en el departamento junto a donde viven miembros de Tren de Aragua, que trafican drogas y armas, mantienen una red de prostitución y se aprovechan de ciudadanos estadounidenses de forma violenta?”, dijo el ex jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, a un reportero en aquel momento. “¿Por qué no vives al lado de ellos y así ves qué tanto somos como la Gestapo o los nazis?”

El gobierno no hizo pública ninguna evidencia que respaldara estas acusaciones.

Las investigaciones periodísticas que se han publicado después de la redada no han podido confirmar ni que se arrestaran a criminales buscados ni que el edificio estuviera “manejado” por miembros del Tren de Aragua.

Lo que está claro es que la redada del 7500 de South Shore se llevó a cabo en el contexto de un complejo de apartamentos deteriorado y con un historial problemático. La propiedad formaba parte de un conjunto de tres edificios adquiridos en 2020 por Trinity Flood, una inversionista con sede en Wisconsin. Los inquilinos denunciaron problemas cada vez mayores relacionados con el mantenimiento y la seguridad en el edificio. Para cuando ocurrió la redada, los registros indican que el propietario llevaba meses inmerso en procesos judiciales debido a un creciente número de infracciones a las normas de vivienda y a otros asuntos de índole financiera.

Después de la redada, reportajes de investigación realizados por medios locales dieron peso al rumor de que el propietario o gerente del edificio pudo haber coordinado con las autoridades federales. El Departamento de Derechos Humanos de Illinois abrió una investigación por posible discriminación en materia de vivienda. La investigación se encuentra en proceso.

Jonathan Manes, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo que tiene poca fe en la rendición de cuentas del gobierno, pero aún cree que la corte puede ayudar a sus clientes a recuperarse de esa noche traumática y hacer responsable al gobierno de las consecuencias.

“Alegaron que estaban realizando una redada en este edificio porque estaba lleno de miembros de la pandilla Tren de Aragua”, afirmó Manes. “Sin embargo, en el casi año transcurrido desde entonces, no ha habido ni una sola prueba de que alguien en ese edificio estuviera vinculado al Tren de Aragua. Fue un pretexto para una incursión militarizada cuyo objetivo era amedrentar a la gente”.

Afirma que muchos de los antiguos residentes a quienes representa siguen viviendo con miedo.

Para los residentes de South Shore, la cuestión es si el sistema legal puede someter a un escrutinio significativo a una operación federal caracterizada por su escasa transparencia, que dejó a innumerables personas desplazadas y atemorizadas.

Hace apenas unas semanas, casi exactamente un año después de la redada en South Shore, el Departamento de Seguridad Nacional anunció planes para una nueva “ofensiva del ICE”.

“Las ciudades santuario son santuarios para los delincuentes; deben ser prohibidas”, afirmó Tom Homan, el zar de la frontera de la administración Trump, durante un evento del Departamento de Justicia a finales de septiembre. “Seguiremos presionando. No vamos a pedir disculpas. No nos vamos a ir a ninguna parte”.

Los resultados de la lucha por la rendición de cuentas en este barrio de South Shore cobran una importancia especial con el paso del tiempo, a medida que los residentes de Chicago, al igual que los de otras ciudades de todo el país, se enfrentan a la posibilidad de una nueva llegada de agentes federales y, con ella, a más redadas.

Este artículo fue publicado en colaboración con La Voz y La Raza.

Foto del encabezado: Maria, Cindy, y Anderson en un edificio de apartamentos en el sur de Chicago. Foto de Julieta Martinelli para Futuro Investiga.

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