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‘Inmensamente Invisible’ : Mujeres víctimas de abusos sexuales luchan contra la inacción de ICE
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Cuando Mari, de 23 años, salió del centro de detención de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en 2022, se sintió invisible. Apenas un mes antes había ingresado a Estados Unidos como solicitante de asilo desde Venezuela. La fisicoculturista, antes vivaz, ahora sentía que no tenía importancia.
“Yo no merezco ponerme este maquillaje. Yo no merezco volver a pesar lo que yo pesaba porque yo no importo, porque me sentía tan inmensamente invisible”, dijo.
Su tiempo en el centro de detención de ICE Stewart, ubicado en Lumpkin, Georgia, entre diciembre de 2021 y enero de 2022, le dejó una marca profunda. Un año y medio después, Mari todavía despierta en medio de la noche, temblando y llorando.
Mari no es su nombre real. Lo estamos usando para proteger su identidad. Ella es una de las cinco mujeres que denunciaron haber sido abusadas sexualmente por un enfermero que trabajaba en Stewart.
Escapando de la violencia política en Venezuela, Mari llegó a Estados Unidos a finales de diciembre de 2021. Fue arrestada por la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera y luego, rápidamente, fue transferida a Stewart. Poco después, fue a la enfermería para un chequeo de rutina. Allí, Mari se encontró con el enfermero por primera vez. Era un hombre blanco, de mediana edad, con una barba corta.
El enfermero le pidió que lo siguiera a una pequeña habitación y cerró la puerta. Cuando Mari estuvo a solas con él, se sintió incómoda.
Después de algunas preguntas médicas de rutina, él le dijo que era bonita. Le preguntó si había tenido alguna cirugía en el pasado. Cuando Mari le respondió que se había operado los senos, él se emocionó y comenzó a mirar fijamente su pecho. Y luego, le pidió que se acostara sobre la camilla.
“Me aplasta la mano con su miembro. Cuando yo trato de sacar la mano él comienza a masturbarse con ropa puesta con mi mano. Yo estaba destrozada”, dijo Mari.
Semanas antes, otra solicitante de asilo de Venezuela, a quien llamaremos Viviana, dijo que enfrentó una experiencia similar. Viviana ha acusado al enfermero de agredirla sexualmente en dos ocasiones.
“Me dice bájate el pantalón. Y me metió el estetoscopio ahí”. dijo Viviana. “Y me decía ‘bien, bien’. Y hacía así como gestos sucios. Me quedé como mirando hacia el vacío. Yo no entendía porque él estaba haciendo todo eso”.
En Estados Unidos, existen varias leyes destinadas a proteger a los migrantes detenidos en instalaciones de ICE de agresiones sexuales y abusos. La ley principal que ofrece este tipo de protección a las personas encarceladas y detenidas por migración es la Ley de Eliminación de Violación en Prisiones (PREA, por sus siglas en inglés).
Después de enterarse de PREA, Viviana, Mari y otras dos mujeres presentaron una queja administrativa ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el organismo supervisor de ICE, en julio de 2022.
La queja, que reportó primero The Intercept, afirmaba que el enfermero “aprovechaba repetidamente su posición como profesional médico para aislar a mujeres en Stewart en salas de examen médico privadas, para forzarlas o coaccionarlas a darle acceso a partes privadas de su cuerpo sin justificación o necesidad médica, y agredirlas sexualmente durante sus ‘exámenes médicos’”.
Además de estas cuatro mujeres, los registros públicos confirman que una quinta mujer también ha realizado acusaciones similares acerca del mismo enfermero.
Un amplio patrón de abuso sexual en detención de ICE
Existe un patrón de denuncias de abuso sexual en centros de detención de ICE que va más allá del centro de Stewart y del enfermero acusado. Registros oficiales y testimonios obtenidos por Futuro Investigates -no reportados previamente- revelan detalles perturbadores de 308 denuncias de agresión y abuso sexual presentadas por inmigrantes detenidos en instalaciones de ICE en todo el país entre 2015 y 2021.
Una de las denuncias fue realizada por una mujer que acusó a dos guardias de ICE de violarla cuando estaba detenida en el Centro de Detención ‘East Hidalgo’ en Texas. Una persona no identificada envió una queja por correo electrónico al DHS en nombre de esta mujer, quien en ese momento había sido transferida a otro centro de detención en Louisiana.
Una mujer transgénero retenida en otra instalación en Texas dijo que los hombres con quienes estaba detenida la forzaron a realizarles sexo oral. Cuando se quejó ante los oficiales de ICE, se burlaron de ella. Nadie registró su queja en esa instalación. No pudo presentar una denuncia hasta que fue transferida a otro centro de detención.
Una mujer detenida en Colorado dijo que un guardia de ICE la agredió sexualmente. El guardia hizo comentarios sobre sus senos y le dijo que “la dejaría en libertad si tenía algo que ver con él”.
Él le dijo que de lo contrario, se le negaría el asilo y la deportarían. Supuestamente, el oficial le pidió su dirección y dijo que la buscaría si era liberada.
En Colorado, un hombre se quejó de haber sido agredido sexualmente por un oficial de ICE. El hombre dijo que el oficial tocó sus genitales y se burló de él frente a su sargento. El denunciante también alegó que el sargento le dijo: “¿Vas a cooperar o vas a presentar cargos (ante la prensa)?”
Luego, el denunciante añadió que el sargento lo amenazó diciéndole: “Puedo deportarte a Juárez, México, ahora mismo. Tengo un avión aquí mismo. Nadie sabe dónde estás, y si intentas escapar, te irá muy mal porque somos cinco aquí”.
Al menos cinco denuncias en los registros alegan que los empleados de ICE los amenazaron con una deportación.
Es difícil determinar si ICE tomó alguna medida después de presentarse las denuncias y si las acusaciones fueron investigadas, ya que los registros que obtuvimos están muy testados. En la mayoría de las denuncias, alrededor del 60%, los espacios para el estatus actual se dejaron en blanco.
Los datos obtenidos por Futuro Investigates revelan una tendencia perturbadora más allá de Stewart, el centro de detención donde Viviana y Mari estuvieron detenidas y fueron presuntamente abusadas.
Esta tendencia muestra que los oficiales de detención, los guardias contratados y los empleados de ICE son acusados de agredir sexualmente a las personas a las que se supone que deben proteger. Según los datos obtenidos, más de la mitad de todas las denuncias de abuso realizadas en los últimos seis años estaban dirigidas contra el personal de ICE.
Una inspección más detallada de los datos revela acusaciones de patrones similares de abuso por parte de las autoridades: registros corporales intrusivos, áreas de duchas abiertas, tocamientos y toques invasivos en los genitales, y el uso del confinamiento solitario como medida de represalia para disuadir a los detenidos de seguir adelante con sus denuncias.
Durante los últimos dos años, Futuro Investigates ha entrevistado al menos a una docena de migrantes que se quejaron de su tiempo en detención. Los patrones de abuso que reflejan los datos también están en varias de sus denuncias, e ilustran cómo se trata de un problema sistémico.
En esas entrevistas, inmigrantes que no se conocen entre sí y estuvieron detenidos en diferentes centros de detención, mencionaron temores similares de deportación y relataron formas parecidas de represalia, desde el confinamiento solitario hasta la revocación de privilegios.
En una entrevista, una solicitante de asilo de 29 años de Nicaragua, detenida en el centro de detención del condado de Jackson Parish en Louisiana, alegó que fue físicamente abusada y golpeada por varios guardias de ICE porque se resistió a que la abusaran sexualmente .
La mujer alegó que había presenciado cómo un oficial del ICE abusaba sexualmente de su amiga al presionarle los pechos bajo el pretexto de una revisión corporal. Dijo que el oficial de ICE era “conocido (en el centro de detención) por hacer esto a las mujeres”.
Cuando llegó su turno de ser registrada, la mujer se negó, lo cual enfadó al oficial, quien luego la golpeó. “Dije que no. Y él se enojó porque no le permití tocarme, y por eso creo que me atacó físicamente más tarde”, dijo ella.
Después de que el oficial de ICE y otros guardias la atacaron físicamente, la mujer dijo que la pusieron en confinamiento solitario como castigo. Futuro Investigates revisó una denuncia de derechos civiles que ella presentó ante el DHS sobre estas acusaciones.
En otra entrevista, una mujer de 21 años –detenida primero en el centro de detención del condado de Glades y luego trasladada al centro de detención del condado de Baker, en Florida– dijo que había duchas abiertas y voyerismo sexual por parte de los guardias en ambas instalaciones.
“La ducha es como si todos pudieran verte. Porque todas las duchas, todas y cada una de ellas, están abiertas, literalmente puedes alcanzar y tocar a la otra persona. Puedes alcanzarlas y agarrarlas. Y podíamos ver a los guardias en su torre de vigilancia mirándonos”, dijo ella. Esta joven también presentó una queja ante el DHS detallando estas acusaciones.
Las consecuencias en el centro de detención de Stewart
El enfermero al que Mari, Viviana y otras tres mujeres acusaron de abuso sexual, trabajaba en Stewart al menos desde 2018. Según los registros médicos internos revisados por el grupo de defensa Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés), se le permitió acceder a las mujeres detenidas al menos hasta mediados de julio de 2022, meses después de que supuestamente ocurrieran los abusos.
Tras la denuncia de las mujeres, en 2022, la Oficina de Investigación de Georgia inició una indagatoria penal sobre los presuntos abusos sexuales. A principios de este año, un portavoz de la Oficina confirmó a Futuro Investigates que la investigación concluyó y fue entregada a la Fiscalía del Distrito de Georgia.
En agosto de 2022, el enfermero fue puesto en licencia administrativa. También se presentó una queja ante la Oficina de Enfermería de Georgia. Hasta el momento de esta publicación, su licencia no había sido revocada. La investigación sigue pendiente.
Futuro Investigates ha llamado y dejado múltiples mensajes al enfermero acusado, pero él no ha respondido.
Ha pasado un año desde que Viviana, Mari y otras mujeres hablaron sobre lo que les sucedió y presentaron sus denuncias. Ninguna de ellas ha recibido noticias sobre el resultado.
La oficina del fiscal del condado de Lumpkin en Georgia, que debe decidir si presenta cargos, no respondió a nuestras preguntas. ICE y CoreCivic, la empresa privada que maneja el centro de detención de Stewart, han negado nuestras solicitudes de entrevista sobre este tema.
“Ha sido un proceso muy opaco”, dijo Erin Argueta, del SPLC. “Nadie, en ningún nivel (del gobierno) ha respondido a nuestras solicitudes de más información, a nuestras preguntas de las mujeres acerca de cuáles son los siguientes pasos o acerca de qué está sucediendo con sus denuncias o con la investigación”.
Argueta fue representante legal de Viviana. Ella fue una de las primeras abogadas que supo acerca de las acusaciones de abuso sexual en Stewart. Con otros activistas de SPLC, fue clave en la elaboración del borrador de la queja por abuso sexual que hizo el Centro, en representación de las mujeres.
Los migrantes que están detenidos pueden poner quejas sobre el staff de ICE. (AP Photo/Eric Gay)
Argueta cree, con temor, que muchas otras quejas nunca llegan a reportarse. “Fue necesaria una valentía increíble de estas cinco mujeres que decidieron hablar”, dijo. “Tristemente, creo que hay mucha más gente que nunca contará su historia públicamente porque han sido amenazadas o temen sufrir represalias”.
Durante años, Stewart albergó únicamente a hombres detenidos, por lo que el enfermero no tenía acceso a mujeres migrantes. El centro comenzó a albergar mujeres a finales de 2020, un año antes de que Viviana y Mari fueran trasladadas allí.
En 2020, otro notorio centro de detención en Georgia, del condado de Irwin, fue cerrado después de una denuncia de un informante, quien reveló que un ginecólogo realizó histerectomías a las detenidas sin que ellas estuvieran al tanto ni de acuerdo.
Las mujeres que estaban detenidas en Irwin fueron trasladadas a Stewart. Incluso antes de los traslados, Stewart tenía un historial documentado de abusos, que incluían alegatos sobre negligencia médica, abuso sexual, racismo y el uso de la fuerza y gas pimienta para controlar a los detenidos.
Los grupos de defensa a menudo se refieren a Stewart como “el centro de detención más mortífero de Estados Unidos”. Desde 2017, nueve detenidos han fallecido allí, la cifra más alta de muertes reportadas en cualquier centro de detención en el país. Dos de ellos se suicidaron.
También es una de las instalaciones más grandes de ICE, y alberga actualmente a 1,600 detenidos, según datos federales recopilados por el Transaction Record Analysis Center.
Los registros públicos del Departamento de Seguridad Nacional –obtenidos por The Intercept y revisados también por Futuro Investigates– y el informe de Inspección de Instalaciones de ICE muestran que, además de Mari, Viviana y las otras tres mujeres que han denunciado agresión sexual por parte del enfermero, hubo al menos otras seis denuncias de abuso sexual presentadas dentro de Stewart entre 2021 y 2022.
Un manto de secretos
En 2003, Estados Unidos firmó la Ley PREA, que tiene como objetivo proteger a las personas encarceladas y detenidas contra agresiones sexuales. Tomó 11 años implementar por completo PREA en todas las agencias de detención de inmigrantes, incluyendo ICE, en 2014.
En Estados Unidos, el sistema de detención de inmigración es completamente independiente del sistema de justicia, y los migrantes no tienen estatus legal cuando están en detención, por lo que no tienen derecho a representación legal gratuita, por ejemplo.
Hoy en día, ICE afirma que implementó completamente PREA y tiene “cero tolerancia ante todas las formas de abuso o agresión sexual”. Nuestra investigación muestra que la mayoría de las denuncias de abuso sexual no se están investigando. De las 308 denuncias en los documentos que recibimos, solo el 40% de los casos desencadenaron alguna acción, según la información que hemos obtenido de los datos.
“Es probable que ese número (308 denuncias) solo rasque la superficie, porque ICE opera bajo un manto de secreto y rara vez publica datos completos sobre las denuncias”, dijo Layla Razavi, directora ejecutiva interina de Freedom for Immigrants, una organización sin fines de lucro con sede en California que se enfoca en detener la detención de migrantes.
Razavi explicó el complicado camino burocrático que sigue una denuncia de abuso, para luego regresar a ICE.
Crédito de la imagen: Mya Pagán Instagram: @myashi
Se supone que ICE debe enviar todas las denuncias a la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés), el organismo de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional encargado de investigar las acusaciones. Esta oficina luego remite los casos a la Oficina del
Inspector General (DHS OIG), el omdudsman que supervisa todos los departamentos del DHS.
A su vez, el DHS OIG devuelve la mayoría de las denuncias de abuso a la CRCL para investigar.
“CRCL puede investigarlos por sí misma, pero hemos visto que en la mayoría de los casos, CRCL lo devuelve a ICE. Es como si ICE investigara a ICE. Y nunca obtenemos todo el panorama”, dijo Razavi.
Entre 2010 y 2016, el DHS registró al menos 33,000 casos de abuso físico y agresión sexual, principalmente cometidos en instalaciones de ICE y CBP. Menos del 1% de estas denuncias fueron investigadas, según datos federales compartidos en 2018 con Freedom for Immigrants.
Hoy, ICE ERO, la división de arresto y deportación de ICE, opera casi 100 centros de detención en todo el país. La mayoría de ellos son administrados por empresas privadas de prisiones como CoreCivic, que maneja el centro de detención de Stewart, donde Viviana y Mari dijeron que el enfermero abusó de ellas.
Protegiendo a inmigrantes en detención
Las reglas de PREA, la ley que protege a los detenidos y a las personas encarceladas contra el abuso sexual, también tienen como objetivo salvaguardar a las víctimas de
represalias después de presentar una denuncia de abuso. Garantizan que todas las denuncias sean registradas e investigadas.
Más de siete años después de implementar completamente PREA en papel, ICE ha incumplido en seguir sus lineamientos, según varias denuncias federales presentadas por grupos de defensa y testimonios de denunciantes como Mari y Viviana.
Mientras aún estaba detenida en Stewart a principios de enero de 2022, Mari ejerció su derecho a denunciar el abuso sexual según PREA.
Informó al personal de ICE y CoreCivic sobre lo que supuestamente el enfermero acusado le hizo.
Lo que siguió fueron días de lo que ella describió como un “interrogatorio constante”. Le pidieron que repitiera los detalles del asalto. Mari afirmó que el personal de ICE y CoreCivic la llamaron mentirosa y la amenazaron con prisión.
“Casi todos los días me preguntaban: ‘¿Todavía estás segura de que esto sucedió?’’”, dijo Mari. “Me manipularon y dijeron que estaba mintiendo y que podía recibir siete años de prisión”.
Otra mujer que estuvo detenida en Stewart se unió a la denuncia y respaldó a Mari. La llamaremos Laura para proteger su identidad.
Laura dijo que presentó una queja interna mientras estaba detenida, siguiendo las pautas de PREA, pero los guardias también le dijeron que sería encarcelada durante siete años si mentía.
ICE y CoreCivic calificaron dos de esas denuncias como “no corroboradas” y una como “infundada”.
Abogados de inmigración y analistas afirman que solo unas pocas denuncias son “corroboradas”, es decir, se consideran precisas, después de una investigación dentro del sistema de revisión interna de ICE.
Empresas de prisiones privadas: Un obstáculo adicional para la rendición de cuentas
Los centros de detención operados por empresas de prisiones privadas -como el centro de detención de Stewart- tienen otra capa de intermediarios, lo que dificulta aún más la rendición de cuentas.
“Ya es un desafío lograr que ICE haga algo e investigue a sus propios empleados”, dijo Razavi, de Freedom for Immigrants. “Por lo tanto, cuando se trata de ejercer ese tipo de responsabilidad sobre una entidad privada, es mucho más difícil obtener transparencia sobre lo que está sucediendo o cualquier tipo de reforma o cambio”.
Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo en 2021, firmó una orden ejecutiva para eliminar gradualmente las prisiones federales gestionadas por empresas privadas. Sin embargo, empresas como CoreCivic, que opera Stewart, aún pueden administrar instalaciones de ICE.
CoreCivic es el mayor propietario de prisiones privadas en el país. Su informe anual más reciente muestra que obtiene más de mil millones de dólares de dinero público, y más de quinientos millones de dólares provienen de la gestión de centros de detención como Stewart.
“El modelo de lucro consiste básicamente en ganar dinero a partir de los cuerpos de inmigrantes negros y latinos”, dijo Razavi. “Entonces, cada vez que una persona es arrestada y llevada a un centro de detención de inmigrantes y retenida en esa prisión, esa empresa obtiene ganancias”.
CoreCivic no menciona las denuncias de abuso sexual y otras denuncias a sus inversionistas en su informe anual de 2022.
Mujeres trabajan en centros de detención de ICE mientras esperan a que se resuelva su situación migratoria. (AP Photo)
Futuro Investigates preguntó a CoreCivic sobre las acusaciones de abuso sexual hechas por Mari y otras mujeres contra el enfermero. Brian Todd, el gerente de asuntos públicos de la compañía, escribió en un correo electrónico: “Si se determina que un detenido está en riesgo sustancial de sufrir abuso sexual inminente, se toman medidas inmediatas para proteger a la persona. Cualquier presunta acusación criminal de abuso sexual se remite de inmediato a las autoridades policiales y se comparte con nuestro socio gubernamental”.
Mari rechazó esa afirmación. “Todo lo que ha hecho CoreCivic es esconderse y mentir”, dijo ella.
Esta no es la primera vez que un centro administrado por CoreCivic recibe denuncias de abuso sexual. En agosto de 2022, tres mujeres detenidas en el centro de detención de Otay Mesa en San Diego, California, presentaron una demanda alegando que un guardia de CoreCivic las obligó a realizar actos sexuales, las agredió durante los registros corporales y las tocó indebidamente mientras dormían.
El centro de Otay Mesa también fue acusado un año antes en un informe de la organización ACLU titulado “Décadas de abusos de CoreCivic”, que mencionaba 19 incidentes denunciados solo en 2019 de abuso sexual por parte de un empleado hacia los detenidos.
Durante el último año, desde que presentaron la denuncia conjunta, Mari y Viviana se han acercado más, convirtiéndose una en el sistema de apoyo de la otra. Ambas han luchado contra el trastorno de estrés postraumático desencadenado por sus experiencias en el centro de detención de Stewart.
Cuando Viviana salió de la detención el año pasado, su familia notó que ya no era la misma de antes. Se volvió callada. Durante el último año y medio, ha tenido que someterse a tratamiento psiquiátrico y aún sufre de pesadillas frecuentes.
“Mi familia me dijo que estaba actuando como si estuviera loca”, dijo ella.
Recientemente, Viviana dio a luz a su primera hija. Su bebé ha traído calma y esperanza muy necesarias, pero ella espera justicia.
“Es un sentimiento indescriptible. No tiene una definición. Creo que mi hija llegó para calmar muchas cosas que no estaban bien conmigo”, dijo ella.
Mari ha desarrollado una parálisis facial debido al estrés, según su médico, lo cual podría ser debido a su trauma. A pesar de los desafíos de salud mental y física, ella sigue siendo indomable. Participa en protestas exigiendo el cierre de Stewart y todas las instalaciones de ICE.
“Qué me motivará más que decirles: ‘Oigan, aquí estoy. Yo fui a la que le pasó esto. Pero mírenme. Aquí estoy. No me mataron. Aquí estoy’”, dijo ella.
*Maria Hinojosa, Sofía Sánchez, Roxana Aguirre y Roxanne Scott contribuyeron en esta investigación.
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