Revelaciones de mis dos años de investigación sobre esta tecnología controvertida

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Cualquiera que escuche por primera vez sobre la Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS, por sus siglas en inglés) podría pensar que suena exactamente como lo que el planeta necesita.

Ese fue el caso de Ileana Navarro, organizadora comunitaria y asociada encargada de políticas en la Red de Justicia Ambiental del Centro de California.

“Honestamente pensé: ‘¡Guau, esto es perfecto!’”, me dijo Ileana. “Cualquier cosa que disminuya la contaminación del aire aquí, suena como una buena idea.”

Ileana vive en Bakersfield, en el Valle Central de California. La conocí en persona a principios del año, cuando viajé a esa zona como parte de mi reporteo para esta historia. La región tiene la peor calidad del aire de Estados Unidos, en gran parte debido a décadas de operaciones intensivas de petróleo y gas.

La necesidad urgente de un aire más limpio ha hecho que los proyectos de captura y almacenamiento de carbono —o CCS— resulten atractivos, especialmente porque las compañías de combustibles fósiles los promueven como una solución que promete beneficios ambientales y ganancias económicas. Pero, ¿realmente cumple el CCS esas promesas? La respuesta es complicada.

El campo petrolífero Elk Hills, en el condado de Kern, tiene miles de pozos que han sido perforados a lo largo de un siglo de operaciones. Foto: Victoria Estrada.

Cuando comencé a investigar el CCS —una tecnología que existe desde hace décadas pero que sigue siendo desconocida para muchos— en 2023, aprendí el concepto básico: Equipos industriales capturan las emisiones de CO₂ en su fuente, comprimen el gas hasta convertirlo en líquido y lo inyectan en el subsuelo a gran profundidad para su almacenamiento a largo plazo. En teoría, este proceso podría reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que evita que el dióxido de carbono llegue al aire que respiramos. Sin embargo, en el Condado de Kern, donde se desarrolla el primer gran proyecto de CCS de California —Carbon Terravault I—, surgió algo más preocupante. Lo que se ha comercializado como una solución ambiental podría, en realidad, funcionar principalmente como un subsidio para la industria de los combustibles fósiles.

A través de entrevistas en profundidad, tras pasar horas sentada en reuniones públicas y analizando documentos, comencé a entender cómo un crédito fiscal federal llamado “45Q” incentiva a las empresas a capturar CO₂ no para almacenarlo de forma permanente, sino para la recuperación mejorada de petróleo. Este proceso implica inyectar el gas en pozos petroleros que ya están agotados para extraer reservas adicionales que, de otro modo, permanecerían inaccesibles.

Alrededor del 80 por ciento del dinero reclamado bajo el crédito fiscal 45Q —que recientemente fue expandido por la administración Trump— se ha utilizado para la recuperación mejorada de petróleo. Y según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, esto significa 800 mil millones de dólares en subsidios públicos para las compañías petroleras a lo largo del tiempo de vida del programa. Es decir, 800 mil millones de dólares destinados a extraer más petróleo, no a capturar y almacenar carbono.

Para las comunidades predominantemente latinas de trabajadores agrícolas del Condado de Kern, esta revelación genera muchas preocupaciones respecto a la justicia ambiental. Los activistas locales argumentan que el CCS podría agravar la contaminación existente sin generar empleos significativos ni beneficios ecológicos duraderos.

Sitio donde el proyecto de captura y almacenamiento de carbono Carbon Terravault I se ubicará, en el campo petrolífero Elk Hills del condado de Kern. Foto: Victoria Estrada

Durante mi reportería, visité el sitio propuesto para el proyecto Carbon Terravault I, ubicado a solo un par de millas de una escuela primaria local. Allí hablé con residentes afectados, representantes de la industria y expertos en políticas públicas. Colaboré con organizaciones de justicia ambiental y esto me proporcionó un contexto crucial sobre la larga historia de contaminación industrial en la región. Al mismo tiempo, la revisión de registros del Congreso me permitió entender una gran contradicción: mientras las petroleras promueven públicamente el CCS como una innovación sostenible, en discusiones internas reconocen su papel en prolongar la dependencia en los combustibles fósiles.

Una investigación más profunda reveló fallas regulatorias sistémicas, incluyendo la inadecuada supervisión de los gasoductos de CO₂ y la existencia de lagunas en los procesos de permisos estatales y federales que ya han provocado accidentes con consecuencias duraderas para la salud en comunidades de Estados Unidos. Todo esto subraya cómo estos proyectos afectan desproporcionadamente a comunidades vulnerables, que ya están sobrecargadas por los efectos de la contaminación y la crisis climática.

Cuando comencé con mi trabajo de campo, también comenzaron una serie de redadas de ICE en California, que aumentaron la ansiedad en las comunidades. Varias fuentes clave —personas directamente afectadas por proyectos energéticos— decidieron no hablar públicamente, porque tenían miedo a represalias. Esta dolorosa dinámica evidenció la intersección entre justicia ambiental, política migratoria y seguridad comunitaria. Compensé la pérdida de testimonios directos con conversaciones de fondo preservando el anonimato de las fuentes, asegurando al mismo tiempo que sus perspectivas formaran parte del relato. La experiencia fue un recordatorio contundente de cómo las vulnerabilidades sistémicas se agravan, y de la doble responsabilidad de los periodistas en descubrir la verdad minimizando el daño a las comunidades en riesgo.

La pieza de audio es el resultado de dos años de investigación cuya publicación tuve que posponer en más de una ocasión para dar paso a noticias más inmediatas. Aunque esto me permitió seguir la historia con mayor detalle y construir una imagen más clara del proyecto, también puso de manifiesto una tensión en el periodismo ambiental: las historias que analizan impactos a largo plazo suelen tener dificultades para competir con la inmediatez de los titulares diarios, incluso cuando sus consecuencias perdurarán mucho más allá del ciclo de noticias actual.

Este reportaje fue posible en parte gracias al Fund for Environmental Journalism of the Society of Environmental Journalists.

Foto de portada: Latino USA/Victoria Estrada