Cómo El Salvador encarcela a mujeres con emergencias obstétricas
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Nota del editor: Esta investigación fue producida por Futuro Investigates y Latino USA y copublicada en colaboración con El Faro English.
Visitamos El Salvador, uno de los países con las leyes antiaborto más restrictivas del mundo, para investigar cómo las mujeres son encarceladas tras perder a sus bebés bajo una prohibición total al aborto.
Es julio de 2007, en la capital de El Salvador. Teodora Vázquez, una mujer de 24 años, está en el trabajo, al final del día, sola. Con nueve meses de embarazo, de repente, entra en labor de parto.
Sin nadie cerca para ayudarla, Vázquez llama al 911 una y otra vez pidiendo una ambulancia. Pero la ayuda no llega. A medida que el dolor se hace más fuerte, Vázquez siente la necesidad de ir al baño. Cuando entra, las luces no funcionan. En la oscuridad, Teodora se sienta y de pronto siente que algo se desprende desde su interior.
Vázquez pierde el conocimiento y la sangre comienza a acumularse debajo de ella. Finalmente, alguien llega, pero no es la ayuda médica por la que Vázquez había estado rogando. Es la policía.
“Me acusan de que yo maté a mi hija y me esposan”, dice Vázquez.
Ella fue arrestada, juzgada y sentenciada a 30 años de prisión por perder a su bebé. Vázquéz no quería un aborto. Aun así, para las autoridades salvadoreñas, ella había asesinado a su propia hija.
La historia de Vázquez no es atípica en El Salvador, un país con una de las leyes contra el aborto más estrictas del mundo.
A principios de este año, el equipo de Latino USA y Futuro Investigates viajó a San Salvador. Revisamos documentos, material de archivo y visitamos algunos lugares clave para comprender el movimiento a favor del acceso al aborto en el país. Además, realizamos entrevistas a activistas de ambos lados del debate y a ciudadanos salvadoreños.
Los resultados de nuestra investigación muestran un panorama claro y perturbador de las mujeres que más sufren cuando un país amplía la definición de aborto para incluir emergencias obstétricas fuera de su control.
Nuestro equipo también habló con Vázquez y otras mujeres que han sido encarceladas por emergencias obstétricas como un aborto espontáneo, presentar una hemorragia, o dar a luz a un bebé muerto.
Sin excepciones
El Salvador declaró ilegal todo tipo de aborto en 1997. Dos años después, en 1999, enmendó su constitución para reconocer el “derecho a la vida” desde la concepción.
Esto significa que cualquier embarazo que termine antes de que el bebé nazca podría convertir a una mujer en criminal. En algunos casos, puede llevarla a ser acusada de homicidio agravado y condenarla a hasta 50 años de prisión de ser encontrada culpable.
Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advierten que la ley viola los derechos humanos. Aun así, sus recomendaciones de cambios en El Salvador no han tenido ningún efecto hasta ahora.
Es una dura realidad que muchos salvadoreños han llegado a aceptar e incluso a respaldar, como lo vimos y escuchamos durante nuestra investigación. Los profesionales de la salud, incluidos enfermeras y médicos, a menudo llaman a la policía cuando una mujer sufre un aborto espontáneo, para evitar ser enjuiciados. La policía y los jueces optan por no hacer distinciones entre un aborto voluntario y una emergencia obstétrica por miedo a verse involucrados en lo que el gobierno podría definir como un aborto ilegal directo.
Bajo sus leyes de aborto sin excepciones, El Salvador ha procesado a más de 180 mujeres en las últimas dos décadas. La mayoría de esas mujeres proviene de hogares de bajos ingresos en zonas rurales del país.
“Desafortunadamente, aquí en El Salvador se criminaliza mucho la pobreza”, dijo Arturo Castellano, trabajador social de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Las mujeres salvadoreñas que tienen los medios para viajar fuera del país a interrumpir sus embarazos o pagar a un médico privado —y discreto— para que les realice un aborto evitan la ley, explicó Castellano.
‘Las 17’
El grupo de Castellano ha trabajado desde 2009 para demostrar que las mujeres encarceladas por perder a sus bebés de manera no intencional, no son criminales. Argumentan que no es su culpa si no logran completar sus embarazos. La agrupación busca mostrar que, en realidad, estas mujeres son víctimas que están siendo castigadas por emergencias médicas dolorosas, tanto física como emocionalmente.
A lo largo de los años, el grupo activista ha ayudado a al menos 73 mujeres a recuperar su libertad. Un hito en sus esfuerzos llegó en 2014, cuando lanzaron una campaña llamada “Las 17”.
Era una referencia a las 17 mujeres que, en ese momento, estaban en prisión tras haber sido condenadas injustamente por hasta 40 años de prisión por reportar una emergencia obstétrica, un aborto espontáneo o un parto de un bebé muerto.
Vázquez, la mujer que perdió a su bebé tras sufrir una hemorragia mientras se encontraba sola en su trabajo, cuando sus llamadas al 911 no fueron atendidas, se convirtió en el rostro de la campaña.
El objetivo de las activistas era obtener el indulto de las 17 mujeres, un esfuerzo que acaparó el debate sobre el aborto en El Salvador.
Los activistas locales contra el aborto respondieron uniéndose a la ONG estadounidense Alliance Defending Freedom, un actor clave en la estrategia legal que condujo a la anulación de Roe v. Wade en 2022.
Juntos, impulsaron la incorporación de nuevos abogados a la causa antiaborto en El Salvador, para asegurar que las restricciones y castigos contra las mujeres se mantuvieran.
La férrea oposición a “Las 17” significó que las mujeres debían enfrentar procesos dolorosamente largos para lograr su liberación. En el caso de Vázquez, pasaron unos cinco años antes de que, a finales de 2017, el grupo pudiera presentar su caso ante un juez. Su liberación finalmente llegó a principios de 2018, después de haber cumplido más de un tercio de su condena de 30 años.
En los años siguientes, el grupo trabajó por la libertad de las 17 mujeres encarceladas y la consiguió.
Pero su lucha no ha terminado.
Aunque en El Salvador no existen cifras oficiales de cuántas mujeres permanecen en prisión por emergencias obstétricas clasificadas como aborto o como homicidio, abogados, feministas y muchas de las fuentes entrevistadas sospechan que hay un subregistro enorme.
Contactamos al gobierno de El Salvador para solicitar comentarios sobre esta historia, pero no respondieron.
Basta una mujer
A pesar de enfrentar una enorme oposición de las autoridades salvadoreñas —y de fuerzas extranjeras como Alliance Defending Freedom—, las mujeres salvadoreñas y los grupos que las defienden han logrado avances positivos. Si antes dependían en gran medida de organizaciones internacionales, hoy cuentan con aliados académicos, legales y médicos no solo en el extranjero, sino también en su país.
Tras salir de prisión, Vázquez se convirtió en activista y organizadora por los derechos de las mujeres. Fundó Mujeres Libres, una casa de recuperación que brinda apoyo a mujeres que fueron encarceladas como ella. En la casa, las mujeres reciben terapia, se les contacta con oportunidades de empleo y aprenden a enviar correos electrónicos. Ninguna tarea es demasiado grande o demasiado pequeña.
“Las mujeres no nos damos por vencidas tan fácilmente”, dijo Vázquez. “Yo lo que quiero lo consigo.”