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Adentro de una industria impulsada por el cambio climático
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¿Quién es responsable de la seguridad de los trabajadores que reconstruyen las ciudades estadounidenses después de desastres naturales? La respuesta es complicada.
Este artículo es una colaboración entre Columbia Journalism Investigations y el Center for Public Integrity. Es copublicado en sociedad con Futuro Media. Traducido al español por Roxana Aguirre.
Los dolores de cabeza comenzaron durante las dos primeras semanas de demoler y pintar decenas de apartamentos infestados de moho. Luego vinieron los sangrados nasales. Jenny y sus 11 familiares juntaron de su propio dinero para comprar mascarillas protectoras de 30 dólares, botellas de Advil y otros medicamentos de venta libre para aliviar el malestar lo suficiente como para seguir trabajando.
Casi un año después del huracán Ida, los hombres que arrancaron las paredes mohosas dejadas por la inundación e instalaron nuevas placas de yeso, gabinetes y tinas antes de que las mujeres pintaran decenas de apartamentos de lujo en el complejo residencial conocido como Mayfair Apartment Homes, en el vecindario Aurora Gardens de Nueva Orleans. Se presentaban a trabajar cada mañana sin hacer caso a sus cuerpos adoloridos porque la familia necesitaba el dinero. Sus síntomas persistieron hasta que dejaron de trabajar en noviembre de 2022, cuando el contratista no autorizado que los reclutó desapareció sin pagar 53 mil dólares en salarios atrasados.
“Él nos dejó sin un peso”, dijo Jenny acerca de su primera temporada como trabajadora de restauración después de desastres. Ella y su familia llegaron a la industria a través de un mensaje de texto y más tarde encontraron este trabajo después de que Jenny notara los trabajos de construcción en Mayfair Homes. Dijo que allí le indicaron que llamara al contratista.
Columbia Journalism Investigations (CJI) y The Center for Public Integrity no están publicando los nombres completos de Jenny y otros trabajadores para protegerlos de posibles represalias.
Impulsada por el cambio climático, la industria de restauración de desastres ha crecido exponencialmente hasta convertirse en un negocio multimillonario de regulación laxa y descrito como “el oeste salvaje”. Como resultado, trabajadores como Jenny y su familia, contratados para reconstruir ciudades estadounidenses después de catástrofes climáticas, a menudo no reciben equipo de protección ni capacitación necesaria para minimizar la exposición a toxinas como el moho, el asbesto y el plomo.
Una investigación realizada por CJI y Public Integrity descubrió que muchos trabajadores de restauración de desastres están expuestos a carcinógenos conocidos y diversas toxinas, a menudo sin saberlo y sin protección, lo que puede enfermarlos. Algunos padecen problemas de salud debilitantes mucho tiempo después de haber dejado los trabajos de limpieza.
La estructura de la industria permite que las empresas operen sin supervisión de autoridades locales, estatales o federales: las empresas más grandes reclutan una amplia red de contratistas y subcontratistas para encontrar trabajadores . A menudo, etiquetan a sus trabajadores como contratistas independientes, haciéndolos responsables de su propia seguridad y permitiendo que las grandes compañías evadan responsabilidades. Los trabajadores, especialmente los inmigrantes, también se vuelven vulnerables a abusos laborales, incluido el robo de salarios.
Mario Mendoza, trabajador de ayuda durante desastres desde el huracán Katrina y fundador de la organización Familias Unidas En Acción, con sede en Nueva Orleans, mencionó que muchos trabajadores son contratados por lo que él describe como un “casi patrón” o intermediario laboral. Otros son reclutados a través de grupos de WhatsApp, familiares y amigos, o en los estacionamientos de tiendas de mejoras para el hogar u otras zonas muy transitadas que se convierten en esquinas informales de trabajo, donde los trabajadores se congregan para ser contratados para una jornada laboral.
CJI y Public Integrity preguntaron a 100 trabajadores de restauración, de Florida y Luisiana principalmente, que compartieran sus experiencias laborales. La mayoría, un 77%, informó que trabajaba principalmente como jornaleros, empleados por diversos pequeños contratistas que los recogen en las esquinas de trabajo. Al menos ocho trabajadores informaron que tenían contratos más largos con empresas multimillonarias como Servpro, contratados a través de sus subcontratistas.
Ambas vías implican riesgos. Los trabajadores llegan a los lugares de trabajo sin capacitación o sin poder identificar al supervisor oficial. Como resultado, los trabajadores que se lesionan en el trabajo se ven obligados a pagar sus propios gastos médicos, según Mendoza .
Cualquier obrero de la construcción puede ingresar a esta pujante industria, porque no hay requisitos educativos para ingresar a la restauración después de desastres, dijo Robbie Bradshaw, director de relaciones gubernamentales del Instituto de Inspección, Limpieza y Certificación en Restauración. “En este momento, la industria prácticamente se ha hecho cargo de eso por sí misma”.
Norris Gearhart, quien dirige una compañía de restauración con sede en Texas y que diseñó capacitación en riesgos ambientales, dijo que esas empresas que no están dispuestas a buscar educación fomentan una industria donde “los requisitos básicos de capacitación en seguridad no se hacen cumplir, no se aplican y son deficientes”.
“Si las grandes empresas no instituyen ni exigen normas, hay abusos en toda la cadena de subcontratación”, dijo Saket Soni, director ejecutivo de Resilience Force, un grupo activista con sede en Nueva Orleans. “Es muy difícil para los actores de alto nivel sobrevivir y tener éxito porque hay tantos actores de bajo nivel en la cadena de subcontratación que los superan recortando costos”.
Los trabajadores deben comprar su propio equipo de protección o prescindir de él hasta que puedan pagarlo. Casi tres cuartas partes de los trabajadores que respondieron al cuestionario de CJI y Public Integrity dijeron que sus empleadores no proporcionaban ningún equipo de protección.
Con pocas opciones, los trabajadores recurren a los tribunales
Hay pocas opciones para hacer que las empresas se hagan responsables. Después del huracán Katrina, los trabajadores recurrieron con éxito a los tribunales para exigir sus salarios no pagados. Catorce años después, la pandemia de COVID-19 creó una oportunidad única para exigir equipo de protección y mejores condiciones, según John Philo, un abogado que ahora representa a muchos trabajadores de restauración de desastres en otra demanda laboral.
En 2020, Resilience Force y el Sugar Law Center for Economic and Social Justice demandaron a una franquicia de Servpro en Michigan y a tres subcontratistas por maltratar a los trabajadores que limpiaron los daños que dejó una gran inundación causada por lluvias inusualmente intensas en Midland, Michigan. Los trabajadores alegan que en medio de la pandemia se les negó el equipo de salud y seguridad adecuado mientras desmantelaban edificios empapados de agua llenos de moho.
Servpro es un caso único: el gigante de la industria presta su nombre a más de 2,000 franquicias en todo el mundo. Pero la estrategia legal de los demandantes incluyó nombrar a Servpro Industries, la corporación nacional. En respuesta, la empresa multimillonaria dijo que no tenía ninguna obligación legal con los trabajadores contratados por subcontratistas, llamándolos “completos desconocidos”. El juez se puso del lado de Servpro, afirmando que el tribunal de Michigan solo tiene jurisdicción sobre la franquicia local, no sobre la empresa con sede en Tennessee. La franquicia, que también opera bajo el nombre de RACM, y los subcontratistas Wallace, Rush, Schmidt y BTN Services negaron las acusaciones, según muestran los documentos judiciales.
Los trabajadores intentaron apelar la decisión, sin éxito. Philo dijo que lo intentará de nuevo.
Servpro se negó a responder preguntas específicas sobre la demanda. “No podemos hablar sobre las reclamaciones específicas sobre el trabajo que están haciendo, ya que no tuvimos ningún tipo de participación”, dijo un portavoz en un comunicado.
Philo dijo que el amplio uso de subcontratistas está “fracturando intencionalmente cualquier posibilidad de rendición de cuentas”.
“Ni siquiera hemos intentado desarrollar los mecanismos para proteger la salud y seguridad de los trabajadores”.
¿Quién protege a los trabajadores?
La familia de Jenny trabajó para Anatole Christophe, propietario de AttaBoi House Painting and Repairs, un contratista sin licencia. No hubo capacitación ni información sobre la propiedad, que fue construida antes de la década de 1980 y que probablemente contiene asbestos, según la guía de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. (OSHA, por su sigla en inglés) sobre toxinas posteriores a desastres. Christophe dijo que proporcionó máscaras N95 y que nadie se quejó de problemas de salud. Los trabajadores niegan haber recibido máscaras y afirman que no hubo oportunidad de informar síntomas porque “AC”, como Christophe les dijo a los trabajadores que lo llamaran, rara vez iba al lugar de trabajo.
Christophe y el administrador de la propiedad de la obra, Sheridan LaFrance de O’Brian Realty Group, se culpan mutuamente por los salarios que adeudan a los trabajadores.
“Me cargaba de saber que yo los había llevado,” dijo Jenny reprimiendo sus lágrimas.
Brad Hassert, Director de Cumplimiento de la Junta de Licencias de Contratistas del Estado de Luisiana, dijo que la proliferación de contratistas sin licencia después de desastres naturales es “problemática y peligrosa para el público”. Hassert dijo que después del huracán Ida, la junta recibió 784 quejas de propietarios sobre contratistas.
Los trabajadores no tienen a quién recurrir en busca de ayuda.
Mendoza aconseja a los trabajadores que reporten las violaciones de seguridad a OSHA. Sin embargo, la agencia suspende el cumplimiento de normas después de desastres naturales, optando por una conversación contínua e indulgente con los empleadores, que depende de que las empresas se hagan responsables de la seguridad.
El Secretario Adjunto de OSHA, Douglas Parker, rechazó múltiples solicitudes de entrevista.
Después de años de exposición a toxinas, hay una generación de trabajadores enfermos sin una red de seguridad.
En 2019, Eleno, de 76 años, regresó a El Salvador después de trabajar en lugares de desastre durante 14 años como trabajador indocumentado. Se fue cuando su vista se debilitó demasiado como para trabajar como techador. El contratista Modesto Miranda, para quien trabajó por mucho tiempo, posee múltiples LLC, incluida Crescent City Realty de Luisiana, que tiene como dirección el mismo lugar donde Eleno solía vivir. Eleno alega que Miranda no solo no lo ayudó, sino que aún le debe 5 mil dólares en salarios atrasados.
Miranda no respondió múltiples llamadas, mensajes de texto y cartas registradas enviadas por CJI y Public Integrity en busca de comentarios.
Varios años después de regresar a su país natal, Eleno lamenta su triste fortuna y asegura con una risa nerviosa: “Vine a mi país a morir”.
Foto de portada: AP Photo/Mark Saltz/STR
María Inés Zamudio es una reportera investigativa del Center for Public Integrity con sede en Chicago. Samantha McCabe es una becaria de periodismo de Columbia Journalism Investigations. Public Integrity produjo esta historia en colaboración con Columbia Journalism Investigations, la división investigativa de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia.