Immigration
Fueron separados durante la primera administración de Trump. Ahora su futuro está en sus manos otra vez.
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Nota del editor: Esta investigación fue producida por Futuro Investigates y Latino USA y copublicada en colaboración con El Faro English.
José Gabriel Zeleda, un activista laborista y de derechos humanos con sede en Chimaltenango, Guatemala, recuerda la primera vez que habló con Teodoro.
“Lo llamé y le pregunté por el nombre de su hijo”, dijo Zelada. “Le dije: quiero reunirme con usted”.
Al principio, Teodoro no estaba seguro de por qué Zelada estaba buscándolo. Entonces Gabriel dijo las palabras que él ansiaba escuchar, que había una oportunidad de que él y su hijo pudieran estar juntos otra vez.
“Ya tiene años que viajé con mi hijo”, dijo Teodoro. Seis años, para ser exactos, desde la última vez que vio a su hijo, entonces de 14 años, dentro de un centro de detención para inmigrantes en Texas.
“ Ellos se quedaron con mi hijo”, dijo, mientras recordaba ese terrible día en 2019. A Teodoro y a Miguel el viaje desde Guatemala, cruzando por México hasta la frontera con Texas, les tomó 20 días moviéndose en autobuses, caminando y durmiendo al aire libre. Cuando finalmente llegaron, se entregaron en las oficinas de inmigración. Los separaron casi de inmediato.
Teodoro es guatemalteco, de una región predominantemente indígena ubicada en la parte norte de ese país. Él es uno de cientos de padres que aún no se han podido reunir con sus hijos después de que los separaron en la frontera de México y Estados Unidos durante la primera administración de Donald Trump.
Parte del trabajo de Zelada consiste en ayudar a encontrar a padres deportados cuyos hijos se quedaron en Estados Unidos. Él forma parte de una red internacional de defensores de derechos humanos que, en colaboración con socios en Estados Unidos, busca en México y Centroamérica a familias que buscan reunirse.
Su meta es ayudar a localizar a los padres e informarles sobre las protecciones que hay disponibles. Estas incluyen el acceso a asistencia legal por violaciones de derechos y apoyo legal (si existe una solicitud de asilo viable que permita a un padre regresar a Estados Unidos para la reunificación familiar) o ayudar con la repatriación de los niños a sus países de origen, si así lo desean.
Zelada ha ayudado en docenas de casos como el de Teodoro.
“ Ellos deben ser reunificados porque fue una injusticia separar a estas familias”, dijo Zelada.
Y existe una solución legal que podría ayudar a que estas familias se reúnan. Pero ahora, el destino de familias como la de Teodoro está, de nuevo, en manos de la misma administración que las separó la primera vez.
Para entender cómo estas familias trabajan para reunirse, quién las apoya y los obstáculos que pueden enfrentar, viajamos a Guatemala para conocer a Teodoro y a Gabriel.
Cero tolerancia
Las vidas de estas familias comenzaron a desmoronarse con la controvertida política de inmigración conocida como “cero tolerancia”, puesta en marcha en mayo de 2018 durante la primera administración de Donald Trump.
La política buscaba disuadir el ingreso no regulado a Estados Unidos, procesando penalmente a cualquiera que intentara cruzar la frontera sur, incluso a aquellos que intentaran presentar legalmente una solicitud de asilo.
Como resultado, padres que inmigraban con sus hijos fueron detenidos y puestos bajo custodia. Sus hijos les fueron arrebatados y puestos en jaulas. Cerca de tres mil niños fueron separados de sus padres en un periodo de 6 semanas.
Entonces, la indignación pública se desató y Trump puso fin a la política en junio de 2018. Sin embargo, su administración encontró otras formas de llevar a cabo separaciones a menor escala.
Un informe del Congreso en 2021 afirma que, además de las tres mil separaciones durante el periodo de “Cero Tolerancia”, hubo alrededor de mil 500 niños que fueron separados de sus padres antes de que la política se implementara oficialmente. Y al menos mil niños más, incluido el hijo de Teodoro, fueron separados de sus familias después de que esta política llegara a su fin. Ellos fueron separados un año después de que la política “Cero Tolerancia” terminara.
Parte de las razones por las que Teodoro y su hijo se fueron de Guatemala eran las condiciones en las que vivían. Teodoro quería trabajar y que su hijo tuviera la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Teodoro ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar la escuela, ya que vivían en un área muy remota donde el acceso a la educación era muy difícil. Pero su hijo amaba la escuela.
“A él le gusta estudiar. Tomaba su café y se iba a la escuela”, dijo Teodoro mientras recordaba los días que pasó con su hijo en Guatemala. Dijo que su hijo volvía a casa y hacía su tarea todos los días.
Pero estaban batallando. Así que eventualmente decidieron irse para Estados Unidos, donde Teodoro había escuchado que habría más oportunidades para ambos.
No tenía idea de la realidad que les esperaba, como a muchos otros.
Entre los más de cinco mil niños que fueron separados de sus familias durante la primera administración de Trump, muchos de los padres fueron deportados a sus países de origen. Sus hijos se quedaron en Estados Unidos y finalmente ingresaron al sistema de hogares de acogida o fueron entregados a un patrocinador.
Eso fue lo que sucedió con el hijo de Teodoro, Miguel. Después de que Teodoro fue deportado, eventualmente pudo contactarse con una organización en Estados Unidos. Finalmente hablaron por teléfono. Miguel estaba devastado por la separación. Teodoro dice que su hijo también le mencionó que quería quedarse y estudiar. Miguel eventualmente fue entregado a un patrocinador en Estados Unidos. Padre e hijo continuaron separados.
El grupo de trabajo para la reunificación familiar
Durante mucho tiempo se han realizado esfuerzos para reunificar a familias como la de Teodoro.
Cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, emitió una orden ejecutiva creando el Grupo de Trabajo para la Reunificación Familiar, que sería responsable de identificar y reunificar a las familias separadas. El grupo de trabajo fue una iniciativa interinstitucional, integrada por el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia.
La administración de Biden designó a Michelle Brané, una abogada que durante años había sido activista de los derechos de los inmigrantes, para supervisar la iniciativa.
“Estaba extremadamente nerviosa”, dijo. “Los empleados de carrera que estaban en Seguridad Nacional durante el tiempo que se hicieron las separaciones seguirían allí”.
A pesar de estas preocupaciones, Brané decidió asumir el cargo. Permaneció en el puesto durante unos tres años.
“Todos apoyaron muchísimo en esto y fue entonces cuando descubrimos cuánta gente no estaba contenta con la política de separar familias”, dijo Brané. “También había personas muy preocupadas de que se les culpara o se les llamara a rendir cuentas por esto”.
Brane calcula que este grupo de trabajo logró reunir a casi mil familias.
“También pudimos identificar a muchísimas familias que no habían sido identificadas como separadas”, explicó.
Brané dejó su cargo a mediados de 2024. Para entonces, aún había cientos de familias que no habían podido ser reunidas. Entre ellas, Teodoro y su hijo Miguel.
“En la gran mayoría de los casos de reunificación familiar que apoyamos, la información sobre los padres que fueron separados de sus hijos es muy limitada o incompleta, lo que dificulta enormemente verificar la información y localizar a los padres separados”, dijo Nan Schivone, directora legal de Justice in Motion, una organización defensora de los derechos de los inmigrantes que trabaja con personas como Zelada. “Esta familia en particular, junto con varios defensores, trabajó en este caso porque la información que obtuvimos del gobierno era tan básica que realmente tomó tiempo identificar la comunidad de origen de la familia.
Zelada pudo ayudar a recopilar información y, finalmente, a principios de este año, logró encontrar a Teodoro. Fue un proceso complicado por el que han tenido que pasar muchas otras familias separadas.
“No sabíamos dónde estaban”, dijo Brané. “En la mayoría de los casos, los padres habían sido deportados o expulsados de Estados Unidos, y no se les daba seguimiento una vez que eso ocurría”.
En varios casos, el gobierno tampoco había dado seguimiento al paradero de los niños después de deportar a sus padres.
“Las reunificaciones fueron mucho más complicadas, tanto logísticamente como en términos de encontrar a los padres y al niño y tratar de averiguar cómo los íbamos a reunir”, dijo Brané.
Por años Teodoro continuó su vida sin su hijo, deseando que algún día pudiera verlo de nuevo. Cuando conoció a Zelada, su esperanza resurgió. Teodoro ahora está esperando si el gobierno de Estados Unidos aprobará su permiso de permanencia temporal y le permitirá regresar al país para reunirse con Miguel. Pero este proceso toma tiempo.
Conforme el 2024 terminaba, Brané y otros activistas estaban preocupados por si Trump anularía su trabajo si ganaba la elección, o si sucedía algo peor.
Entonces, en 2025, durante su toma de posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump eliminó el grupo de trabajo para la reunificación familiar. Uno de los artífices de la separación familiar, Tom Homan, está de regreso en la administración y ha declarado que el gobierno no dudará en separar y deportar a padres cuyos hijos sean ciudadanos estadounidenses.
El acuerdo de la Sra. L.
Sin embargo, a pesar de que el grupo de trabajo fue eliminado oficialmente, las organizaciones continuaron trabajando con fondos gubernamentales. Y esto sucedió porque dichas funciones formaban parte de un acuerdo judicial del 2023, bajo el mandato de Biden, como parte de una demanda colectiva interpuesta por la ACLU (por sus siglas en inglés) contra el gobierno estadounidense en nombre de las familias separadas. Este acuerdo, conocido como el Acuerdo de la Sra. L., establecía una serie de requisitos que el gobierno federal debía cumplir para las familias separadas y para las familias reunificadas.
“Las familias tienen acceso a un permiso de permanencia temporal en Estados Unidos y así se pueden reunir con sus hijos”, dijo Schivone, de Justice in Motion.
Este permiso de permanencia temporal es clave, ya que permite a las familias permanecer en Estados Unidos con sus hijos durante un tiempo determinado. También crea un camino para que los padres que fueron deportados, sin sus hijos, puedan regresar y se reúnan con ellos en territorio estadounidense. Padres como Teodoro, que está ansioso por lograr el proceso de reunificación.
“Sí, Dios permite, pues si algún día voy a ver a mi hijo”, dijo.
El acuerdo también establece algunas otras disposiciones, entre ellas “algunos servicios de asesoramiento, algunos beneficios médicos y luego acceso a servicios legales”, dijo Schivone.
Nueva ola de deportaciones
Tras meses de que la nueva administración de Trump arremetiera contra el acuerdo de la Sra. L, un tribunal determinó que lo habían violado. Habían rescindido dos contratos que proporcionaban servicios legales y sociales a los miembros de la clase de la Sra. L. El tribunal ordenó que continuaran esos servicios y repararan los daños.
Entonces, la administración Trump intensificó sus ataques contra el acuerdo de conciliación con la Sra. L., al deportar a ocho de sus miembros.
El 14 de octubre, ACLU presentó una moción ante el tribunal, exigiendo que el gobierno estadounidense regresara inmediatamente al país al menos a cuatro familias protegidas por el acuerdo de conciliación de la Sra. L., que el gobierno había deportado recientemente.
El acuerdo también establece algunas otras disposiciones, entre ellas “algunos servicios de asesoramiento, algunos beneficios médicos y luego acceso a servicios legales”, dijo Schivone.
“Lo que le estamos pidiendo al tribunal es muy sencillo”, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU. “Creemos que estas familias fueron deportadas ilegalmente y le estamos pidiendo a la corte que ordene al gobierno que facilite su regreso a Estados Unidos.”
Lee ha estado trabajando con ACLU desde el comienzo de la política de la separación familiar.
“Estas familias todavía están siendo atacadas”, dijo Gelernt. “Esto es lo peor que he visto en mis más de 30 años haciendo este trabajo (como abogado defensor de los derechos civiles). Fue una crueldad gratuita en su máxima expresión y esperaba que terminara inmediatamente, pero no ha sido así.”
La insistencia de la administración de Trump en acelerar las tácticas de control de inmigración y seguir separando familias es preocupante para personas como Teodoro, quienes todavía esperan que su solicitud de permiso de permanencia sea aprobada para reingresar a Estados Unidos y finalmente reunirse con su hijo.
Incluso si logra que se le conceda el reingreso a Estados Unidos, él y su hijo podrían estar una vez más a merced de la voluntad de la administración. Es un trauma que se exacerba una y otra vez para las familias que aún intentan sanar, sin un final a la vista.
Buscamos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para hablar sobre las reunificaciones familiares, el estado de las solicitudes de permiso para las familias separadas y sobre la eliminación del Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar, pero no obtuvimos respuesta.
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*No estamos usando el nombre real de Teodoro ni damos a conocer el nombre de su ciudad natal para proteger su seguridad.
Foto de portada: Reynaldo Leaños Jr.
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